La situación de peligro para los defensores de derechos humanos y periodistas en México empeoró en 2020 debido a la pandemia de Covid-19, de acuerdo con un informe realizado por varias ONG. 

Al menos seis periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el país durante 2020, de acuerdo con el documento "Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por Covid-19".

México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Según el informe propio de la ONG Reporteros Sin Fronteras, fueron ocho los periodistas asesinados el año pasado por su labor, mientras que Artículo 19 mantiene la cifra en seis.

El informe presentado este martes plantea que la situación de personas defensoras y periodistas se ha agravado en el país a partir de la emergencia sanitaria, económica y social generada por el coronavirus.

Asimismo, asegura, las muertes de estas siete mujeres y 23 hombres estuvieron presuntamente relacionadas con su "labor de defensa y ejercicio de su derecho de libertad de expresión".

Insistieron en que se intensificaron y diversificaron los ataques contra defensores y periodistas a la vez que estos vieron limitadas sus estrategias de defensa ante las medidas de confinamiento y distanciamiento social.

¿Qué pasa con las autoridades? 

El análisis realizado para la construcción del informe arrojó luz sobre las acciones del gobierno, liderado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que, según afirman, contribuyen a que después del año 2020 la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión sean todavía "más importantes que nunca".

Por ejemplo, algunas de las medidas adoptadas para reducir la movilidad en el contexto de la pandemia "han dado margen para arbitrariedades por parte de autoridades", quienes en ciertas ocasiones, aseguraron, actuaron con un "enfoque punitivo desproporcionado".

Por otra parte, en cuanto al acceso a la justicia, con motivo de la contingencia sanitaria "distintas dependencias de procuración de justicia suspendieron términos judiciales o actividades administrativas, ampliando las barreras para la impartición de justicia", indicaron. 

Otro ejemplo mencionado es el aumento de relevancia de los proyectos extractivos por parte de López Obrador, algo que puede afectar directamente a pobladores originarios y comunidades indígenas.

El informe concluye con la demanda al gobierno de acatar recomendaciones y resoluciones emitidas por instancias internacionales que demandan garantizar la protección de personas defensoras y periodistas en esta crisis.