Un tribunal mexicano confirmó este lunes la suspensión provisional de nuevas obras del Tren Maya en el estado de Yucatán, en un fallo que favorece a grupos originarios que se oponen al megaproyecto del sureste del país.

El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa con sede en Yucatán declaró "infundado" el recurso de queja que presentó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado del proyecto, en contra del freno de las obras que las asociaciones ganaron el 20 de enero.

Las magistradas del tribunal validaron el avance de la queja 21/2021, con la que una jueza federal concedió la suspensión provisional a habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, que promueven el amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Fonatur.

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"Con la ejecución del referido proyecto se podría causar un impacto significativo en el medio ambiente, por toda la pérdida de cobertura vegetal, así como el desplazamiento en la flora y fauna, lo cual de ejecutarse sería irreversible", establece el fallo publicado este lunes.

¿Por qué es importante? 

El Tren Maya, una de las obras prioritarias del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con una inversión de 6 mil 294 millones de dólares, recorrerá cerca de mil 554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pero desde antes del arranque de las obras, en junio pasado, algunos organizaciones civiles han presentado recursos legales contra su construcción, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Kanan Derechos Humanos y Múuch' Xiinbal, responsables de este amparo en Yucatán.

"Opuesto al desarrollo económico está la protección de las personas en todas sus manifestaciones y derechos incluyendo a un medio ambiente sano y no únicamente económico", concedió la jueza del caso.

Este recurso es provisional en lo que se determina una suspensión definitiva y se resuelve el juicio de amparo a fondo. 

Las asociaciones han denunciado que las consultas públicas que hizo el Gobierno con pueblos indígenas ocurrieron cuando todavía no existía una manifestación de impacto ambiental.