La Secretaría de Marina (Semar) informó el aseguramiento de aproximadamente 650 kilogramos de cocaína durante un operativo marítimo realizado frente a las costas del estado de Michoacán, en el que fueron detenidas seis personas. El despliegue se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, como parte de las labores de vigilancia y seguridad marítima. De acuerdo con la dependencia, se aseguraron 14 bultos tipo costalilla que contenían 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 650 kilogramos, cifra que será confirmada por la autoridad ministerial. También fueron asegurados 350 litros de combustible que se encontraban a bordo de la embarcación interceptada. 
La acción se realizó a 61 millas náuticas (112.9 kilómetros) al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, donde fue interceptada una embarcación menor con tres motores fuera de borda en la que viajaban seis personas. El operativo incluyó una patrulla oceánica, una aeronave de ala fija, una de ala móvil y tres patrullas interceptoras. La Semar señaló que el aseguramiento contó con información de inteligencia proporcionada por el Comando Norte de Estados Unidos y la Joint Interagency Task Force South, organismos estadounidenses que colaboraron en el seguimiento de la operación. Te puede interesar: Semar ubica embarcaciones perdidas con ayuda humanitaria en La Habana Según estimaciones oficiales, el decomiso representa una afectación económica cercana a 150 millones de pesos a la delincuencia organizada y evitó la posible distribución de más de 1.3 millones de dosis. En lo que va de la presente administración, se han asegurado más de 62 toneladas de cocaína en altamar como parte de las acciones orientadas a debilitar las operaciones del crimen organizado. Las seis personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con la embarcación, la droga y el combustible asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. |