Autoridades federales y estatales retomaron el control operativo en la región de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero, luego de varios días de violencia atribuida al grupo criminal “Los Ardillos”, organización señalada por ataques contra comunidades indígenas nahuas y enfrentamientos con el grupo rival “Los Tlacos”. Como parte del operativo de seguridad fueron desplegados mil 290 elementos de fuerzas federales y estatales. Participaron 690 elementos del Ejército Mexicano, apoyados con 80 vehículos; 400 integrantes de la Guardia Nacional con 50 unidades; y 200 policías estatales con 34 patrullas. Las acciones también contaron con cinco helicópteros, ambulancias y personal médico. De acuerdo con la información oficial, el operativo priorizó el diálogo con la población para evitar confrontaciones directas y garantizar la protección de civiles. La Secretaría de Gobernación informó que, tras negociaciones con habitantes de la zona, se restableció la comunicación con las comunidades afectadas y se logró el ingreso de las fuerzas de seguridad, así como la entrega de atención médica, alimentos e insumos básicos. Las afectaciones se concentraron en las comunidades indígenas de Tula, Xicotlán, Acahuetlán y Alcozacán, donde decenas de familias permanecen bajo resguardo. Según el reporte gubernamental, alrededor de 120 habitantes rechazaron ser trasladados a albergues y optaron por permanecer en sus localidades. Durante los recorridos realizados por autoridades federales y estatales se planteó la instalación de un corredor seguro para garantizar el acceso a víveres y servicios médicos. Además, el gobierno federal anunció el restablecimiento de las Bases de Operaciones Interinstitucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, así como el envío de brigadas de programas sociales y jornadas de servicios gubernamentales en la región. 
En tanto, el Congreso Nacional Indígena condenó los ataques registrados desde el pasado 6 de mayo contra comunidades nahuas de la Montaña Baja de Guerrero. La organización denunció que las agresiones incluyeron el uso de drones con explosivos y señalaron que la violencia ha provocado el desplazamiento de más de mil familias. El organismo expresó su solidaridad con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero - Emiliano Zapata y exigió justicia por los asesinatos de Abraham Jiménez Chautla, José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Víctor Ahuejote Arribeño, cuyos cuerpos fueron localizados en la carretera Chilapa-Tlapa. El Congreso Nacional Indígena sostuvo que la violencia afecta directamente a pueblos indígenas organizados y acusó omisiones de los tres niveles de gobierno frente a la situación de inseguridad que persiste en la región. |