Integrantes del Comité Batallas por la Playa Punta de Mita interpusieron una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para solicitar la suspensión total de las obras que se realizan en la playa Las Cocinas, en Nayarit, al considerar que el proyecto impulsado por la empresa Cantiles de Mita, propiedad de Grupo Dine, representa un posible caso de ecocidio y privatización de la zona costera. La agrupación informó que la denuncia fue presentada por las vías administrativa y técnica, luego de sostener una reunión en la Ciudad de México con la titular de la Profepa, Mariana Boy, a quien expusieron el avance de las obras y las presuntas irregularidades detectadas en el sitio. 
De acuerdo con el comité, el expediente entregado incluye pruebas sobre supuestas anomalías en el desarrollo del proyecto, entre ellas la presunta ausencia de una Manifestación de Impacto Ambiental, así como la ejecución de trabajos de modificación costera sin autorización previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Los activistas señalaron que en la zona se han realizado construcciones de gran volumen que, aseguran, no fueron reportadas originalmente ante las autoridades ambientales. También denunciaron posibles afectaciones al hábitat de anidación de cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción, protegidas por las normas oficiales NOM-059 y NOM-162. Otro de los señalamientos incluidos en la querella apunta a que la empresa habría continuado utilizando maquinaria pesada en la franja de arena pese a la clausura identificada como FFPA-NAY-02026, emitida en marzo pasado. Te puede interesar: Encuentran otra tortuga muerta en playas de Boca del Río; suman seis ejemplares sin vida en Veracruz El comité también acusó una presunta simulación de cumplimiento de medidas ambientales, al señalar que cuentan con imágenes de personal utilizando lonas para cubrir las huellas dejadas por maquinaria en la playa, conducta que, indicaron, podría constituir un posible delito ambiental. Además de las afectaciones ecológicas, los habitantes denunciaron restricciones al libre acceso a la playa, al asegurar que existen bloqueos que impiden el tránsito peatonal dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre, donde la legislación federal garantiza el paso público. Los integrantes del movimiento exigieron la cancelación definitiva de las obras hasta garantizar la integridad ambiental de la zona y solicitaron que se retiren los cargos contra los activistas Fabricio Yáñez, Antonio Benavides y Sandra Cano, quienes fueron detenidos el pasado 28 de abril por policías estatales y liberados horas después. El comité informó además que durante esta semana detectaron nuevos movimientos de maquinaria pesada y presuntos trabajos de relleno con tierra y piedras en un estero cercano a la playa. |