Jueves 01 Octubre 2026

El Senado de la República aprobó por mayoría de votos una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, conocida mediáticamente como “Ley Antimemes”.

Durante la discusión, legisladores de oposición advirtieron que los cambios podrían afectar la libertad de expresión, el periodismo y la sátira política, mientras que Morena defendió que buscan combatir la piratería, la suplantación de identidad institucional y los fraudes digitales.

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la aprobación de la reforma y negó que represente una forma de censura contra periodistas, caricaturistas, creadores de contenido o medios de comunicación.

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La Cámara alta aprobó en lo general, con 72 votos a favor y 34 en contra, modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal.

Entre las disposiciones discutidas se encuentra la aplicación de sanciones a determinados usos de la identidad gráfica institucional, documentos oficiales y dominios electrónicos cuando se utilicen con fines comerciales y para inducir al error o engaño con la intención de cometer un delito.

Durante la discusión, la senadora panista Lilly Téllez mostró unas esposas y sostuvo que la reforma podría utilizarse contra periodistas, caricaturistas y creadores de contenido.

Por su parte, la senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo mostró ejemplos de sátira política, entre ellos imágenes relacionadas con La Casa de los Mañosos y una caricatura del expresidente López Obrador vinculada con el caso Segalmex, para cuestionar los posibles alcances de la reforma.

La senadora emecista Alejandra Barrales también expresó preocupación por el control del discurso en plataformas digitales.

¿Qué es la Ley Antimemes y qué sanciones contempla?

La llamada “Ley Antimemes” busca proteger la propiedad intelectual y combatir el uso indebido de elementos institucionales, así como los engaños y fraudes que se cometen mediante plataformas digitales.

De acuerdo con el oficialismo, la reforma no está dirigida contra las publicaciones satíricas, sino contra conductas específicas relacionadas con la suplantación y el engaño, por ejemplo, hacerse pasar por el gobierno.

La disposición penal se refiere a determinados usos de logotipos institucionales, documentos oficiales o dominios electrónicos cuando se cumplan los elementos establecidos en la ley, entre ellos la intención de inducir al error o engaño para cometer un delito.

La disposición contempla de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para las conductas que encuadren en el supuesto penal.

¿Publicar un meme sería riesgoso?

La reforma no establece una prohibición general para crear, publicar o compartir memes. La diferencia está en el uso que se haga de elementos institucionales y, sobre todo, en la finalidad de la conducta.

Desde hace días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que los cambios no buscan limitar la libertad de expresión ni sancionar a quienes realizan publicaciones satíricas en redes sociales.

Sin embargo, legisladores de oposición han advertido que algunos términos de la reforma podrían prestarse a interpretaciones amplias y generar dudas sobre el alcance de las sanciones cuando se utilicen elementos oficiales en caricaturas, parodias, publicaciones periodísticas o críticas políticas.

La mandataria sostuvo que el objetivo es combatir la piratería, la suplantación de identidad y los fraudes digitales, particularmente aquellos en los que se utilizan imágenes, nombres o elementos de instituciones y funcionarios para engañar a la ciudadanía.

“¿A qué se refiere? Pues a lo que hemos explicado aquí. De pronto sale un video con inteligencia artificial del director del IMSS diciendo una falsedad para cometer un fraude o un video mío llamando a la gente a que invierta en una cuenta que es de Pemex, porque ya ocurrió, y entonces eso no estaba tipificado como delito y es un delito, porque mucha gente lamentablemente puede caer en una situación así. Entonces debe haber un instrumento jurídico que permita sancionar y, en su caso, que se le regrese el dinero a las personas que cayeron en un fraude de este tipo; a eso se refiere el artículo, nada que ver con lo político, sino con un fraude que se cometa con una imagen de gobierno”, detalló durante su conferencia matutina de este jueves.