Legisladoras y legisladores, especialistas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) buscan tipificar de manera autónoma el reclutamiento de menores por el crimen organizado en el Código Penal, con el fin de sancionar a quienes utilicen a niñas, niños y adolescentes para actividades delictivas. De acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), cada año unos 30 mil menores son reclutados por grupos criminales para realizar actividades como vigilar movimientos de las autoridades, cultivar drogas, distribuir estupefacientes y participar en homicidios, entre otras tareas. Te puede interesar: Congreso de Puebla sancionará reclutamiento forzado de menores Durante el foro “De la protección a la acción: evitando la utilización de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado”, realizado el 14 de octubre en el Senado de la República, especialistas y funcionarios respaldaron la creación de un tipo penal específico para sancionar la captación de menores, sin esperar a que se incorporen formalmente a un grupo criminal o cometan un delito. Lo anterior, al señalar que desde 2011 se han presentado alrededor de 50 iniciativas sobre el tema que continúan pendientes.  El director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Jorge Nader Kuri, afirmó que la institución respalda la propuesta porque “la consideramos una respuesta sustentada en evidencia y orientada hacia los derechos humanos”. La reforma también busca reconocer a niñas, niños y adolescentes reclutados como víctimas de delitos, para garantizarles protección, atención integral y reparación del daño. En tanto, Jorge Andrade Contreras, director de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), señaló que la respuesta debe incluir prevención, detección temprana, intervención comunitaria y entornos digitales seguros, además de medidas penales.  Juan Pablo Rodríguez, especialista en protección a la infancia de UNICEF México, sostuvo que el reclutamiento no es un problema individual, sino público, pues afecta tanto a las víctimas como a sus comunidades al debilitar el tejido social. El senador Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, planteó la necesidad de establecer sanciones firmes contra quienes reclutan personas para cometer delitos, especialmente cuando se trata de menores. Laura Esquivel Torres, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, advirtió que el reclutamiento puede comenzar con la promesa de pertenecer a un grupo. Por lo anterior, destacó la necesidad de ofrecer a niñas, niños y adolescentes herramientas y alternativas para desarrollar una vida saludable.
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