| Para el director del Centropro la entidad se ha destacado por perseguir y hostigar a luchadores sociales Carlos ROCHA Mario Ernesto Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centropro) consideró que Puebla ha destacado a nivel nacional por el tema de violaciones a derechos humanos y persecución contra luchadores sociales. Prueba de esto es el tema Chalchihuapan donde quedó claro que el estado fue el ejecutor de la violencia y respecto a la persecución de luchadores sociales recordó que se tuvo en arraigo a una mujer mayor, supuestamente por haber robado dos celulares, a pesar de que la figura de arraigo es anticonstitucional. Patrón Sánchez aclaró en entrevista para El Popular, diario imparcial de Puebla, que la sociedad civil debe tomar un papel más activo para exigir a las autoridades en turno que se respeten los derechos humanos. En la sede de la Universidad Iberoamericana, el también maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), impartió una conferencia titulada Situación Actual de los Derechos Humanos en México. Durante su exposición, Mario Patrón sostuvo que el país está en una crisis de derechos humanos, pero es precisamente en esta crisis cuando la sociedad debe actuar para que la situación no se repita. —¿Qué lectura tienes de la situación que vive el estado de Puebla en materia de derechos humanos, tomando en cuenta que el Centropro ha incluso acompañado algunas causas poblanas? “Particularmente en el estado de Puebla se vive un clima de hostigamiento hacia líderes luchadores sociales, hay casos claros que así lo demuestran, y particularmente Chalchihuapan es un asunto de graves violaciones a derechos humanos donde está vinculada la participación y regularización de fuerzas policiales en ejercicios legítimos de libertad de expresión. Es muy grave que a pesar de haber sido aceptada la recomendación de la CNDH hasta ahorita no haya una pauta de justicia, ni con la intencionalidad de crear una fiscalía especial ni mucho menos, si bien hasta ahorita se ha avanzado en el tema de la verdad, en la medida de que se sabe que el estado es el responsable, pero no así de la justicia. “Preocupa junto con esto la intencionalidad que se ha podido advertir a partir de la Ley bala de generar conceptos y estrategias de censura previa, sobre todo y de truncamiento de la libertad de expresión y de manifestación. “Asimismo, ha preocupado cómo otras instituciones como en su momento la propia CNDH avalaron este tipo de normatividades que hoy están impugnadas por ser en verdad normatividades que regulan el uso de la fuerza de la policía y no el ejercicio de la libre manifestación, en ese conjunto lo que hemos podido ver como centro de derechos humanos es que Puebla no es un estado excepcional, sino que se suma al contexto de impunidad sistémica que se vive en el país. —Durante la exposición hablabas de la cuestión del arraigo, aquí se le acaba de dictar libertad a una mujer adulta mayor, Enedina Rosas Vélez que estuvo casi cinco meses en arraigo domiciliario y apenas hace unos cuantos días le concedieron su libertad. ¿Qué nos puedes decir sobre esta figura? “El arraigo local es anticonstitucional así ya lo resolvió la Suprema Corte en el pleno, no debe existir, el problema es que justo bajo el pretexto del Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio se han regulado figuras que no les denominan formalmente como arraigo, pero que materialmente son arraigo. Son figuras procesales que violan los derechos humanos, que no son propias de un contexto de derecho penal democrático, sino al contrario, es del sistema penal del enemigo, por lo tanto no deben ser utilizadas, más aún dan cuenta de la ineficacia de las propias policías y procuradurías para investigar, es decir, pareciera que tienen que formalizar la violación de los derechos humanos para efectuar investigaciones eficaces. |
