Denuncian organizaciones que organismo aprobado será el único que otorgue aval para ejercer profesión, lo cual es inconstitucional; advierten sobre posible crisis en cobertura en comunidades Guadalupe JUÁREZ  Problemáticas en la atención, así como de la cobertura médica, se generarían debido a que los médicos no podrían ejercer su profesión sin la certificación de un organismo privado, el cual tendría a su cargo la calificación de idoneidad de los especialistas y recién egresados para obtener sus cédulas profesionales. Lo anterior se prevé a raíz de las modificaciones realizadas a los artículos 81 y 272 de la Ley General de Salud, las cuales señalan la obligación de todos los médicos de México para tener su certificado, cédulas y especializaciones sólo a través de la asociación civil denominada Comité Informativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), la cual ahora está facultada como un organismo auxiliar de la Administración Pública Federal y que podrá supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de los médicos. De acuerdo con la Asociación Internacional en Defensa de los Derechos del Médico (Aiddem), esta modificación a la ley violenta los derechos de los profesionistas de la salud al coartar su libertad al ejercicio de profesionalidad, ya que los galenos que no cuenten con la certificación de este organismo no podrán intervenir a sus pacientes. En conferencia de prensa, los representantes legales de Aiddem, Guillermo Contreras Vergara y Raúl Mendoza Alonso, denunciaron que estas normas son inconstitucionales y no están apegadas a derecho, ya que los lineamientos de las evaluaciones realizadas a los médicos no están claras debido a que no señalan reglas sobre la certificación o recertificación de las especialidades en medicina. Por este motivo, los profesionistas sometidos a la calificación de sus habilidades y que no sean acreedores a la certificación o recertificación de su especialidad por parte del Conacem, no tendrían información sobre una nueva evaluación. Además, se desconoce el costo específico por cada uno de los análisis, sin embargo, la AIDEEM indica que oscilaría entre los 500 y cinco mil dólares, es decir, cerca de 7 mil 500 hasta 75 mil pesos, monto que pondría en peligro el ejercicio profesional de los médicos rurales que no cuenten con los recursos económicos para validar sus estudios. A esto se suma que los alumnos recién egresados de las diversas universidades del país, ya sean públicas o privadas, tengan que recurrir al organismo auxiliar para certificar su cédula profesional, la cual les permitiría ejercer su profesión, no obstante, en opinión de la AIDDEM, se pone en peligro que los recién formados médicos no puedan desempeñar su labor si no son certificados, puesto que los lineamientos no indican o especifican cuál sería el procedimiento a seguir en estos casos. Por otra parte, Contreras Vergara y Mendoza Alonso advirtieron que también se violenta otro de los derechos de los profesionistas de la salud, el cual consiste en la libre asociación, debido a que sólo existirá un consejo por especialidad en cada uno de los estados sin la facultad y derechos de generar otro, por lo cual indicaron que los agremiados están inconformes ya que no existe claridad en la conformación de los consejos médicos, debido a la ausencia de información y evaluación de sus integrantes que permita asegurar su imparcialidad. Llaman a médicos a ampararse Los representantes de la Aiddem aseguraron que los miembros de esta asociación no se oponen a la certificación de los médicos o a la calidad de la salud, sino a la obligatoriedad de la misma, la cual consideran no refleja las necesidades de los especialistas, además la medida no es clara en cuanto a la parcialidad del organismo para poder certificar, ni del destino de los recursos obtenidos por las evaluaciones. Por ello, los galenos hicieron un llamado a la comunidad médica del estado a interponer un amparo a la ley antes del 14 de abril, ya que posterior a esta fecha no podrán realizarlo debido a que los cambios de la legislación se hicieron en 2011 y entraron en vigor el 25 de marzo del 2015 al emitirse los lineamientos correspondientes a las evaluaciones por parte del Conacem. Por último, la Aiddem ofreció asesoría legal para interponer los amparos a los médicos interesados, ya sea de forma individual o colectiva, incluso, mencionaron que hasta el momento la comunidad médica en México cuenta con 100 amparos de los cuales 30 corresponden al estado de Puebla, acciones que se suman a la de recurrir ante organismos internacionales de derechos humanos para que den marcha atrás a las modificaciones realizadas. |