| Las aplicaciones móviles son fuentes de negocios que necesitan contemplarse en el Código de Comercio y en las regulaciones estatales Guillermo CASTILLO México y Puebla presentan lagunas legales para regular la comercialización de servicios básicos a partir de aplicaciones tecnológicas que deberán resolverse en tribunales, advirtió Sandra Fernández Elorriaga, coordinadora del Centro de Asistencia Jurídica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Puebla. Entrevistada por El Popular, diario imparcial de Puebla, no descartó que haya casos donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deba definir cómo se aplique la legislación vigente. Sin embargo, consideró que el Congreso de la Unión también deberá hacer un esfuerzo para incorporar los temas que surgen y evolucionan con la innovación tecnológica. “Sí, hay lagunas, pero como son cuestiones que la legislación deberá ir incorporando, serán los tribunales y magistrados quienes definan cómo se va a ir aplicando (la ley), mientras la reforma a la ley va concertando cómo acabar con estas lagunas”, señaló. Apuntó que las aplicaciones móviles son fuentes de negocios que necesitan contemplarse en el Código de Comercio y de manera paulatina en las regulaciones estatales. Luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio luz verde a Uber, la especialista también se pronunció por crear una nueva figura jurídica que le dé cabida a este servicio. Refirió que las autoridades podrían observar las experiencias de ciudades que hayan permitido la operación de esta empresa, como Nueva York, en Estados Unidos. Mientras tanto, dijo que Uber no puede ser considerada como un servicio de transporte público y rechazó que los taxistas organizados estén en desventaja, como han acusado en las últimas semanas. Argumentó que los permisionarios tienen oportunidad de actualizarse e incorporar la tecnología a sus servicios, además que las características de esta compañía corresponden a un traslado particular de pasajeros. Refirió que una opción sería denominarlos como “taxis privados” y se establezcan lineamiento donde se garantice el cumplimiento de aspectos fiscales y características de seguridad para los usuarios. |
