Guillermo CASTILLO Carmen ORTEGA  La aprobación de las leyes secundarias en la reforma político-electoral de Puebla se definirá el fin de semana y a horas del vencimiento del plazo, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se adhirió a las fuerzas políticas inconformes con las modificaciones en la materia. Hasta antes de esta decisión, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano iban contra las determinaciones establecidas en el dictamen que, se prevé, sea aprobado este sábado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Aunque en principio se había manifestado a favor del documento que armoniza el marco local con la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE), Víctor Manuel Giorgana Jiménez informó que el tricolor votaría en contra si éste no cambiaba. “Es una decisión de la bancada del PRI ir contra el dictamen (de las leyes secundarias de la reforma político-electoral) y es una posición que mantendremos en la Comisión de Gobernación y cuando se haga la sesión extraordinaria”, señaló. Tras un breve diálogo con Eukid Castañón, presidente de la comisión, donde también participaron José Chedraui Budib y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sostuvo que su fracción ha demandado que se flexibilicen los requisitos para el registro de candidatos independientes. Detalló que se ha pedido la disminución del porcentaje de apoyo de 3 a 2 por ciento, que no se obligue a la comparecencia de los ciudadanos que respalden una opción apartidista y que si se militó en algún partido su separación se haya dado seis meses antes. Además, dijo que existen desacuerdos respecto a la regulación de las candidaturas comunes y el nombramiento del secretario ejecutivo del nuevo Órgano Público Local Electoral (OPLE), pues se pretende la continuidad de Miguel David Jiménez López. Socorro Quezada Tiempo, integrante de la fracción perredista y Mariano Hernández Reyes, del PT, también se pronunciaron por eliminar lo que consideró como candados para las candidaturas sin partidos políticos y bajar el porcentaje de registro. Los candados Según lo publicado en la página del Congreso estatal, la iniciativa de leyes secundarias para la reforma político-electoral establece que los candidatos independientes no pueden ser militantes, afiliados, dirigentes o presidentes nacionales de un partido político tres años antes de su registro. Tampoco deberán participar como candidatos postulados por partidos o coaliciones en el proceso local inmediato anterior, en procesos de selección interna de institutos en el mismo proceso, ni desempeñar un cargo de elección popular salvo que hayan renunciado al partido que los postuló 18 meses antes. En tanto, necesitan notificar su deseo de participar por escrito y en el formato que designe el OPLE, también deben crear una asociación civil que sea acreditada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Los ciudadanos que decidan apoyar a este candidato deben manifestarlo en una comparecencia personal, con copia y original de su credencial para votar vigente ante los consejos distritales o el consejo municipal, según sea el caso. Además, deberán aparecer en una relación donde se enliste su nombre, domicilio, clave de elector y firma. En el caso de la elección a gobernador y de diputados locales, se requiere del respaldo de 3 por ciento de la lista nominal distribuidos en tres cuartas partes de los municipios del estado. Para los ayuntamientos, el tope mínimo será de 5 por ciento si la demarcación tiene menos de cinco mil personas registradas y de 3, si la cantidad de electores es mayor. Cada uno de candidatos independientes tendrá derecho a recibir un financiamiento equivalente a 33.3 por ciento del monto que recibiría un partido de nueva creación y si sólo se tratara de uno no podrá superar el 50 por ciento. Los congresos de Chihuahua y Veracruz fueron los primeros en estipular diversas medidas para complicar las candidaturas ciudadanas independientes, lo que fue tomado como una forma de evitar que un contendiente sin partido repitiera lo logrado por Jaime Rodríguez El Bronco, gobernador electo en Nuevo León. Esto se ha replicado en estados como Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Quintana Roo y Coahuila. Medida “retrógrada” Por su parte, Paulino Arellanes Jiménez, politólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), afirmó que el Congreso local se coloca como un poder legislativo “retrograda” a nivel nacional al proponer una serie de trabas para que no se puedan dar las candidaturas independientes. El especialista manifestó que este tipo de medidas indican que los diputados locales no quieren avances en materia democrática y ayudan con esta propuesta al sistema autoritario del actual gobierno. En entrevista, explicó que los partidos vinculados al gobernador Rafael Moreno Valle, como el PAN, son quienes más se oponen a generar oportunidades para que haya candidatos ciudadanos, en parte por temor a la competencia de personajes que pudieran resultar más competitivos que sus propios abanderados para la minigubernatura así como para elegir al mandatario para el periodo regular. Agregó que es probable que los partidos también tengan miedo de recibir menos recursos económicos para el desarrollo de las campañas. RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE CANDIDATOS INDEPENDIENTES: [gallery ids="113727,113728,113729,113730"] |
La aprobación de las leyes secundarias en la reforma político-electoral de Puebla se definirá el fin de semana y a horas del vencimiento del plazo, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se adhirió a las fuerzas políticas inconformes con las modificaciones en la materia. Hasta antes de esta decisión, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano iban contra las determinaciones establecidas en el dictamen que, se prevé, sea aprobado este sábado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Aunque en principio se había manifestado a favor del documento que armoniza el marco local con la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE), Víctor Manuel Giorgana Jiménez informó que el tricolor votaría en contra si éste no cambiaba. “Es una decisión de la bancada del PRI ir contra el dictamen (de las leyes secundarias de la reforma político-electoral) y es una posición que mantendremos en la Comisión de Gobernación y cuando se haga la sesión extraordinaria”, señaló. Tras un breve diálogo con Eukid Castañón, presidente de la comisión, donde también participaron José Chedraui Budib y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sostuvo que su fracción ha demandado que se flexibilicen los requisitos para el registro de candidatos independientes. Detalló que se ha pedido la disminución del porcentaje de apoyo de 3 a 2 por ciento, que no se obligue a la comparecencia de los ciudadanos que respalden una opción apartidista y que si se militó en algún partido su separación se haya dado seis meses antes. Además, dijo que existen desacuerdos respecto a la regulación de las candidaturas comunes y el nombramiento del secretario ejecutivo del nuevo Órgano Público Local Electoral (OPLE), pues se pretende la continuidad de Miguel David Jiménez López. Socorro Quezada Tiempo, integrante de la fracción perredista y Mariano Hernández Reyes, del PT, también se pronunciaron por eliminar lo que consideró como candados para las candidaturas sin partidos políticos y bajar el porcentaje de registro. Los candados Según lo publicado en la página del Congreso estatal, la iniciativa de leyes secundarias para la reforma político-electoral establece que los candidatos independientes no pueden ser militantes, afiliados, dirigentes o presidentes nacionales de un partido político tres años antes de su registro. Tampoco deberán participar como candidatos postulados por partidos o coaliciones en el proceso local inmediato anterior, en procesos de selección interna de institutos en el mismo proceso, ni desempeñar un cargo de elección popular salvo que hayan renunciado al partido que los postuló 18 meses antes. En tanto, necesitan notificar su deseo de participar por escrito y en el formato que designe el OPLE, también deben crear una asociación civil que sea acreditada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Los ciudadanos que decidan apoyar a este candidato deben manifestarlo en una comparecencia personal, con copia y original de su credencial para votar vigente ante los consejos distritales o el consejo municipal, según sea el caso. Además, deberán aparecer en una relación donde se enliste su nombre, domicilio, clave de elector y firma. En el caso de la elección a gobernador y de diputados locales, se requiere del respaldo de 3 por ciento de la lista nominal distribuidos en tres cuartas partes de los municipios del estado. Para los ayuntamientos, el tope mínimo será de 5 por ciento si la demarcación tiene menos de cinco mil personas registradas y de 3, si la cantidad de electores es mayor. Cada uno de candidatos independientes tendrá derecho a recibir un financiamiento equivalente a 33.3 por ciento del monto que recibiría un partido de nueva creación y si sólo se tratara de uno no podrá superar el 50 por ciento. Los congresos de Chihuahua y Veracruz fueron los primeros en estipular diversas medidas para complicar las candidaturas ciudadanas independientes, lo que fue tomado como una forma de evitar que un contendiente sin partido repitiera lo logrado por Jaime Rodríguez El Bronco, gobernador electo en Nuevo León. Esto se ha replicado en estados como Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Quintana Roo y Coahuila. Medida “retrógrada” Por su parte, Paulino Arellanes Jiménez, politólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), afirmó que el Congreso local se coloca como un poder legislativo “retrograda” a nivel nacional al proponer una serie de trabas para que no se puedan dar las candidaturas independientes. El especialista manifestó que este tipo de medidas indican que los diputados locales no quieren avances en materia democrática y ayudan con esta propuesta al sistema autoritario del actual gobierno. En entrevista, explicó que los partidos vinculados al gobernador Rafael Moreno Valle, como el PAN, son quienes más se oponen a generar oportunidades para que haya candidatos ciudadanos, en parte por temor a la competencia de personajes que pudieran resultar más competitivos que sus propios abanderados para la minigubernatura así como para elegir al mandatario para el periodo regular. Agregó que es probable que los partidos también tengan miedo de recibir menos recursos económicos para el desarrollo de las campañas. RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE CANDIDATOS INDEPENDIENTES: [gallery ids="113727,113728,113729,113730"]