Carlos ROCHA  La directora general de los Centros de Reinserción Social del Estado, Azucena Yasmín Márquez Rodríguez, y el subdirector de Seguridad y Custodia de la cárcel de San Miguel, Marco Antonio Galván Ramírez, renunciaron a sus cargos este fin de semana. Las renuncias se consuman unos días después de que El Popular, Diario Imparcial de Puebla, reveló la supuesta violación a una presa dentro de la cárcel más grande del estado, así como el cobro, por parte de los custodios, de una serie de cuotas diarias a los internos que en conjunto suman más de 16 mil pesos diarios. Tras las renuncias, el nuevo titular de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) del estado, Jesús Rodríguez Almeida, nombró a Alejandro Cruz Maya como nuevo director general de Centros de Reinserción Social (Ceresos), en sustitución de Márquez Rodríguez, a quien los presos apodaban “la maestra”. El nuevo director de las cárceles de Puebla es un hombre cercano a Rodríguez Almeida, apenas el año pasado, cuando el secretario ostentaba el mismo cargo en el gobierno del Distrito Federal, Cruz Maya era el director de Inspección Interna de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF). Con este cambio, suman cuatro los funcionarios que Rodríguez Almeida importa a Puebla provenientes del Distrito Federal para encabezar áreas vitales de la SSP: Jorge Mauricio Ferman Quirarte, subsecretario de Inteligencia e Investigación; Luis Eduardo Vega Cambero, subsecretario de Coordinación y Operación Policial; y Carlos Jesús Cadena Lozano, subsecretario de Desarrollo Institucional y Administración Policial. Cambios en secreto Fue la madrugada de este sábado cuando al interior del penal de San Miguel se dio a conocer la renuncia del subdirector de Seguridad y Custodia, Marco Antonio Galván Ramírez, y en consecuencia la salida de Azucena Yasmín Márquez Rodríguez, “la maestra”, según confiaron internos del penal y ratificaron fuentes oficiales. La renuncia se concretó después de que este medio dio a conocer que “la maestra” protegió a Galván de la acusación de una interna por violación la cual quedó asentada en la averiguación previa 2426/2015/AESEX. Días antes, para proteger a Galván, el ahora ex subdirector de Seguridad y Custodia fue enviado al Distrito Federal para que no estuviera presente mientras los responsables de derechos humanos y delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) visitaban el penal para ampliar la declaración de la interna. Pese a esto, el miércoles 12 de agosto una diligencia ministerial ingresó a la cárcel de San Miguel para comprobar los hechos y la tarde del mismo día, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSPE) informó, mediante un comunicado de prensa, que “la persona en cuestión descartó que presentara alguna denuncia en relación a que se haya visto afectada en su integridad”. Sin embargo, fuentes al interior del penal revelaron que la interna que denunció el ataque sexual fue aislada del resto de la población y hasta el momento no se sabe más de ella. El ataque sexual contra la interna y otros actos de prostitución al interior de San Miguel, denunciados con anterioridad, originaron que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado abriera una investigación que sigue abierta en el expediente 4715/2015. Cobro de cuotas A lo anterior se suma una red de pago de cuotas que empieza con el cobro diario de 5 pesos para los más de 3 mil 200 internos que habitan en San Miguel a la hora del pase de lista. Con esto se recauda cada día 16 mil 300 pesos o 114 mil 100 pesos a la semana y hasta 5 millones 949 mil 500 pesos en un año, la cantidad representa una sexta parte del presupuesto anual que se destina a esta prisión y que es de 24 millones 6 mil 745 pesos. Por si fuera poco, cada día de visita los familiares de los internos deben entregar un billete de 20 pesos doblado al tamaño de una credencial de elector al momento de registrarse en el ingreso con el personal de custodia para poder ver a sus familiares presos. A estas obligaciones diarias se suma el cobro de servicios de parte de los internos Arturo Aparicio, alias “Cachibombo”, y Rolando Martínez, quienes son los encargados de los esta acción con la anuencia de la subdirección de custodia. De acuerdo con los internos, a Rolando le corresponde el cobro de la renta de las “casitas”, que son cuartos edificados a base de cobijas y que se encuentran en los patios, en donde los reos reciben la visita íntima o se ejerce la prostitución. Por la renta de estos cuartos de tela, Rolando cobra 100 pesos y se calcula que son por lo menos unas 150 las que se ubican en los diferentes patios. Por su parte, el Cachibombo es el encargado de cobrar los servicios de cafetería, farmacia e incluso drogas, según contaron los aún presos. |
La directora general de los Centros de Reinserción Social del Estado, Azucena Yasmín Márquez Rodríguez, y el subdirector de Seguridad y Custodia de la cárcel de San Miguel, Marco Antonio Galván Ramírez, renunciaron a sus cargos este fin de semana. Las renuncias se consuman unos días después de que El Popular, Diario Imparcial de Puebla, reveló la supuesta violación a una presa dentro de la cárcel más grande del estado, así como el cobro, por parte de los custodios, de una serie de cuotas diarias a los internos que en conjunto suman más de 16 mil pesos diarios. Tras las renuncias, el nuevo titular de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) del estado, Jesús Rodríguez Almeida, nombró a Alejandro Cruz Maya como nuevo director general de Centros de Reinserción Social (Ceresos), en sustitución de Márquez Rodríguez, a quien los presos apodaban “la maestra”. El nuevo director de las cárceles de Puebla es un hombre cercano a Rodríguez Almeida, apenas el año pasado, cuando el secretario ostentaba el mismo cargo en el gobierno del Distrito Federal, Cruz Maya era el director de Inspección Interna de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF). Con este cambio, suman cuatro los funcionarios que Rodríguez Almeida importa a Puebla provenientes del Distrito Federal para encabezar áreas vitales de la SSP: Jorge Mauricio Ferman Quirarte, subsecretario de Inteligencia e Investigación; Luis Eduardo Vega Cambero, subsecretario de Coordinación y Operación Policial; y Carlos Jesús Cadena Lozano, subsecretario de Desarrollo Institucional y Administración Policial. Cambios en secreto Fue la madrugada de este sábado cuando al interior del penal de San Miguel se dio a conocer la renuncia del subdirector de Seguridad y Custodia, Marco Antonio Galván Ramírez, y en consecuencia la salida de Azucena Yasmín Márquez Rodríguez, “la maestra”, según confiaron internos del penal y ratificaron fuentes oficiales. La renuncia se concretó después de que este medio dio a conocer que “la maestra” protegió a Galván de la acusación de una interna por violación la cual quedó asentada en la averiguación previa 2426/2015/AESEX. Días antes, para proteger a Galván, el ahora ex subdirector de Seguridad y Custodia fue enviado al Distrito Federal para que no estuviera presente mientras los responsables de derechos humanos y delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) visitaban el penal para ampliar la declaración de la interna. Pese a esto, el miércoles 12 de agosto una diligencia ministerial ingresó a la cárcel de San Miguel para comprobar los hechos y la tarde del mismo día, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSPE) informó, mediante un comunicado de prensa, que “la persona en cuestión descartó que presentara alguna denuncia en relación a que se haya visto afectada en su integridad”. Sin embargo, fuentes al interior del penal revelaron que la interna que denunció el ataque sexual fue aislada del resto de la población y hasta el momento no se sabe más de ella. El ataque sexual contra la interna y otros actos de prostitución al interior de San Miguel, denunciados con anterioridad, originaron que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado abriera una investigación que sigue abierta en el expediente 4715/2015. Cobro de cuotas A lo anterior se suma una red de pago de cuotas que empieza con el cobro diario de 5 pesos para los más de 3 mil 200 internos que habitan en San Miguel a la hora del pase de lista. Con esto se recauda cada día 16 mil 300 pesos o 114 mil 100 pesos a la semana y hasta 5 millones 949 mil 500 pesos en un año, la cantidad representa una sexta parte del presupuesto anual que se destina a esta prisión y que es de 24 millones 6 mil 745 pesos. Por si fuera poco, cada día de visita los familiares de los internos deben entregar un billete de 20 pesos doblado al tamaño de una credencial de elector al momento de registrarse en el ingreso con el personal de custodia para poder ver a sus familiares presos. A estas obligaciones diarias se suma el cobro de servicios de parte de los internos Arturo Aparicio, alias “Cachibombo”, y Rolando Martínez, quienes son los encargados de los esta acción con la anuencia de la subdirección de custodia. De acuerdo con los internos, a Rolando le corresponde el cobro de la renta de las “casitas”, que son cuartos edificados a base de cobijas y que se encuentran en los patios, en donde los reos reciben la visita íntima o se ejerce la prostitución. Por la renta de estos cuartos de tela, Rolando cobra 100 pesos y se calcula que son por lo menos unas 150 las que se ubican en los diferentes patios. Por su parte, el Cachibombo es el encargado de cobrar los servicios de cafetería, farmacia e incluso drogas, según contaron los aún presos.