A partir de mayo de 2016, los gobiernos locales deberán transparentar su información en mayor medida Guillermo CASTILLO Las constantes reservas de información generadas por el gobierno de Puebla son una violación a los Derechos Humanos, combatibles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). [caption id="attachment_115156" align="alignleft" width="300"] Foto: Agencia[/caption] Así lo sostuvo , Eduardo Bohórquez director general de Transparencia Mexicana, quien recordó que los ciudadanos pueden iniciar juicios de amparo, en especial, cuando existe evidencia de que la clasificación se realizó con criterios violatorios de la ley. Lo anterior, después que el Nodo de Transparencia de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla denunció que la autoridad estatal aumentó en 75 por ciento los expedientes reservados. Sin embargo, apuntó que a partir de mayo de 2016, los gobiernos locales deberán transparentar su información en mayor medida, a causa de la política de “datos abiertos” estipulada en la nueva Ley General de Transparencia. Subrayó que dichas disposiciones ya son de aplicación para todos los órdenes y niveles de gobierno, aun cuando las reglamentaciones locales no hayan sido armonizadas por los congresos estatales. Frente a ello, opinó que la Comisión de Acceso a la Información Pública (Caip) en Puebla debe modificar su línea de trabajo y comenzar a emitir fallos a favor de la ciudadanía; ya que de lo contrario se convertirá en un “organismo prescindible”. Esto, porque los ciudadanos también podrán recurrir al Instituto Nacional de Información Pública (Inai) cuando las comisiones locales no resuelvan. Y es que pese a que la transparencia no es un sinónimo de honestidad de los gobernantes, Eduardo Bohórquez consideró que las instituciones mexicanas están obligadas a renovarse a causa de los constantes escándalos por corrupción. |