Sin padrones de beneficiarios, medición de resultados solo en dos de 47 programas sociales y la ausencia de un sistema de monitoreo abierto que mida la operación de acciones gubernamentales, fue el saldo que arrojó la evaluación a la política de desarrollo social en Puebla, ubicando su manejo en un nivel "bajo" dentro del Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2016 que presentó la organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc).

Contrario al reconocimiento que obtuvo la entidad poblana por su combate a la pobreza extrema en 2015, Gesoc ubicó al estado en la novena posición a nivel nacional con la evaluación de política social más pobre del país, al sumar 39.33 puntos de un total de 100 disponibles de un total de ocho niveles evaluados en planeación presupuestal, gestión eficiente, apertura y participación ciudadana y monitoreo y evaluación.

La participación ciudadana fue el capítulo más desfavorable, al evaluar la política que encabeza el gobernador, Rafael Moreno Valle, a través del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, luego que de los nueve reactivos evaluados, siete resultaron reprobatorios, tras revelar la inexistencia de mecanismos para conocer la opinión de los beneficiarios y que esa información se utilice para el rediseño y actualización de programas.

Incluso se advierte sobre una ausencia de apertura sobre padrones de beneficiarios, así como de documentos relacionados con la mejora de programas estatales.

Este escenario también se observa al revisar el monitoreo y evaluación del desarrollo social estatal, donde se catalogaron como "bajo" el seguimiento de programas, esto sin considerar la falta de un encargado en las tareas de monitoreo, la carencia de un Plan Anual de Evaluación y de padrones de beneficiarios. El estudio también advierte que solo 2 de 47 programas cuentan con algún tipo de medición.

En materia de gestión de acciones estatales, éstos presentan una mejor evaluación, al observar un equilibrio entre la planeación sectorial, estatal y programática, no así la presencia de mecanismos de contratación por resultados de los funcionarios públicos responsables de los programas.

Por su parte, en cuanto a planeación programático-presupuestal, la organización civil detectó la ausencia de normativa vigente en 45 de 47 programas sociales, la carencia de un presupuesto de planeación a mediano y largo plazo, y la falta de evidencia sobre uso de información para la toma de decisiones en materia presupuestal.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) determinó que en Puebla el 64.5 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y, aunque esta cifra es una de las más altas reportadas en el periodo 2012-2014, también colocó al estado en la séptima posición más alta en disminución de personas en pobreza a nivel nacional.

En su momento, Moreno Valle aseguró que su administración logró el segundo mayor avance en el combate a la pobreza extrema; no obstante, Gesoc advierte que la aplicación de la política pública de desarrollo social en el estado es baja.

Ante esto, la organización civil recomienda al gobierno estatal actualizar las normas de operación de los programas, que éstos se integren a los esquemas presupuestales de manera eficiente y precisa, que incorpore evidencia para la toma de decisiones, que se identifiquen duplicidades de acciones gubernamentales, y que se avance en la creación de una agencia de monitoreo y evaluación de programas.

Los estados de Jalisco, Hidalgo, Guanajuato y la Ciudad de México fueron los únicos que presentaron un alto nivel de implementación en política pública social; otras 10 entidades, entre las que se incluyen Nuevo León, Tabasco, Morelos, Baja California, Campeche y Chihuahua, alcanzaron un nivel básico. El promedio general del Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2016 en los estados del país fue de 44.6 puntos.