A casi 48 horas de la detención del exsecretario estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN), Francisco Castillo Montemayor, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron que el Congreso de Puebla realice una "auditoría integral a los recursos destinados para la remodelación del Parque Estatal Flor del Bosque".

También llamaron a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que indague "la procedencia lícita, las condiciones de resguardo, preservación, conservación y protección de flora y fauna" colocada en este lugar.

Los legisladores presentaron un punto de acuerdo en la Gaceta de la cámara alta, donde se exhorta a investigar "posibles irregularidades en la ejecución de los presupuestos, incumplimiento en el cronograma de construcción, el resguardo inapropiado de especies e incumplimiento en la normatividad de impacto ambiental".

El documento resalta que, inicialmente, este parque de 664 hectáreas estaba dedicado a "la conservación de especies, la preservación de la flora y formación ambiental de docentes, investigadores, alumnos y público en general".

Recuerda que en el lugar se podían realizar actividades enfocadas al cuidado del medio ambiente, junto con acciones de esparcimiento.

Asegura que, en contraste, la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas lo destruyó y ocupó 146 millones 333 mil 479 pesos para áreas de rappel, skateboarding, gotcha y ciclismo de montaña; lo que –explica– ha sido calificado por "especialistas" como un nuevo parque de diversiones.

Los senadores priistas toman parte de las críticas vertidas en medios informativos por Francisco Castillo, respecto a presuntas transgresiones a "la Ley de Protección al Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, debido a que la actual administración modificó los escurrideros del cerro "El Charro", que a su vez desembocan en la Barranca de San Diego, alimentadora del Alto Atoyac".

Los senadores presentaron esta denuncia después que Castillo Montemayor fue presentado ante las autoridades judiciales, acusado por malversar 39.2 millones de pesos durante su paso como titular de la extinta SMRN.

Versiones periodísticas apuntan que la situación del exfuncionario se resolvería hasta la siguiente semana, cuando la juez sexta de lo penal, Idalia Arciniega, determine si dicta el auto de formal prisión o de libertad correspondiente.

Agregan que hasta ahora, la defensa del exsecretario solicitó que se ampliara el plazo del término constitucional y se reservó su derecho a declarar.