Acusa Elia Tamayo presiones de SGG
Denunció que fue forzada a aceptar una indemnización por 1.7 mdp a cambio de la libertad del edil auxiliar Javier Montes
El Gobierno de Puebla cumplió con la última recomendación de la lista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de San Bernardino Chalchihuapan, pero mediante amenazas, de acuerdo con las víctimas. El pendiente de la indemnización económica de 1.7 millones de pesos, explicó Elia Tamayo Palacios, madre del menor que perdió la vida tras el enfrentamiento que se registró en la comunidad en 2014, se resolvió con presiones. Tamayo Palacios señaló que, a través de sus abogados y el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, se le advirtió que, de no aceptar, corría riesgos la libertad del edil auxiliar, Javier Montes Bautista. "Fue así como que me pusieron entre la espada y la pared, si no firmaba Javier se iba a quedar en la cárcel y si yo no recibía eso, el ministerio iba a apelar, iba a iniciar la nueva investigación", dijo en rueda de prensa. Como lo ha expresado desde que se indicó a la administración del Gobernador Rafael Moreno Valle que debería cumplir con un pago monetario, dijo, para ella el dinero no resuelve nada. Ante estas presiones para que el Gobierno del estado cumpliera con las recomendaciones, así como por otras irregularidades, agregó, prevén que si la CNDH reconoce cumplimiento, irán a instancias internacionales. Por ahora, recordó, ya se tienen avances con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya tiene conocimiento del caso por las denuncias que se han hecho desde 2014. "Viéndolo así, ni aquí en México ni en Puebla existen derechos humanos, aquí se viola todo y no pasa nada", lamentó. Por su parte, Araceli Bautista Gutiérrez, madre de Montes Bautista, externó que aún están a la espera de que la CNDH no dé por cumplidas las recomendaciones. De darse como aceptada, agregó se corre el riesgo de que sea un elemento más que Moreno Valle tome como bandera de logro en su camino a la candidatura por la Presidencia de México. La liberación de Montes Bautista ocurrió a inicios de septiembre, luego de haber permanecido durante un año y 10 meses recluido y procesado por su responsabilidad en el enfrentamiento. En esa fecha se le cuestionó al funcionario electo si lo habían presionado desde el Gobierno del estado para no tener más actividad política de cara a 2018, pero lo negó. El conflicto en Chalchihuapan y otras comunidades en 2014, derivó del retiro de los registros civiles de las juntas auxiliares tras modificaciones propuestas por el gobernador a la legislación de los municipios. |