Emprende Congreso 138 procesos contra alcaldes y organismos

El Congreso de Puebla aprobó durante este 2016, el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) a 138 alcaldes y organismos descentralizados; por otra parte, se emitieron 113 resoluciones de responsabilidades que fueron desde la exoneración y una amonestación pública, hasta la inhabilitación y multas millonarias.

En su mayoría, las resoluciones de los IPADR contra presidentes municipales u organismos descentralizados estuvieron relacionados con ejercicios fiscales entre 2007 y 2014, en que los imputados tuvieron la oportunidad de solventar las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), librar la sanción y lograr la aprobación de su cuenta pública.

De las 113 resoluciones de responsabilidades, sólo 76 se ratificaron como sanciones de algún tipo, por daños patrimoniales que van de mil 500 pesos en ayuntamientos pequeños y apartados de la ciudad, hasta 76 millones de pesos, como en el caso de la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández.

Sanciones masivas

En marzo de este año, el Congreso del estado aprobó sanciones por 209 millones 457 mil 690 pesos a 20 expresidentes municipales, entre los que destacan Amozoc, Tecomatlán, Coronango, Zoquitlán, Hueyapan y Molcaxac. Ellos pertenecen a varios institutos políticos, incluido el Partido Acción Nacional (PAN).

Para julio, antes que concluyera el segundo periodo ordinario de sesiones pero después de las campañas para elegir gobernador, los legisladores dictaminaron 43 resoluciones de IPADR, de los que 32 sujetos obligados resultaron sancionados por 210 millones 760 mil 682 pesos.

Destaca que a la mayoría de presidentes municipales y entes gubernamentales, se les calculó una multa superior a 100 por ciento del daño patrimonial que cometieron.

En el segundo semestre del año, que correspondió al tercer periodo ordinario de sesiones, se emprendieron otros 24 procesos sancionatorios derivados del pliego de observaciones por inicio de responsabilidades administrativas.

Las multas que se imputaron suman un monto de 307 millones 362 mil 26 pesos, en el que se incluye la resolución de Tehuacán.

La recompensa previa

En el primer trimestre de 2016, se dictaminaron 256 aprobaciones de cuentas públicas para distintos municipios del estado, con lo que alcaldes y exalcaldes libraron procesos administrativos.

En la lista, se ubicaron presidentes municipales que apoyaron la campaña impulsada por el grupo actualmente en el poder.

Se trata de las cuentas públicas 2014 de los ediles de Atlixco, Cuautlancingo y San Andrés Cholula, que son de extracción panista; el de Izúcar de Matamoros, que es perredista, pero decantó a favor del ahora gobernador electo; el de Venustiano Carranza, que pese a ser priista apoyó abiertamente al megabloque; así como el de San Pedro Cholula, emanado de Movimiento Ciudadano, que no participó en la elección.

En ese paquete también se votaron por mayoría las cuentas públicas de distintos organismos descentralizados, incluidos los de las gestiones del expresidente municipal, Eduardo Rivera, así como la cuenta pública 2014 de éste y la de Marcelo García Almaguer, en su paso por Puebla Comunicaciones.

La cacería posterior

Posterior a la campaña y durante el mes de julio, se iniciaron procedimientos en contra de 22 presidentes municipales, 16 de ellos en funciones y con filia diferente a la del grupo gobernante, como el edil de Honey, San Nicolás de los Ranchos y Zaragoza. 

En otra sesión, se manifestaron los alcaldes afectados para acusar que se les imputaban responsabilidades por no apoyar la campaña del "candidato del gobernador".

Por ello, los diputados bajaron de la orden del día, el IPADR de 12 ediles perredistas, provenientes de los municipios de Piaxtla, Xayacatlán de Bravo, Zaragoza, Ahuehuetitla, Atzala, Atzitzihuacán, Chietla, Coatzingo, Juan Galindo, Quecholac, Tlahuapan y Totoltepec de Guerrero. 

No obstante, se continuaron los procedimientos en contra de los presidentes de Zoquitlán, Mixtla, San Jerónimo Xayacatlán, San Martín Totoltepec, San Nicolás de los Ranchos y Xayacatlán de Bravo.

Asimismo, procedió el pliego de observaciones contra Carlos Barragán Amador, diputado federal priista que participó en la campaña de su partido, así como la de Ernestina Fernández, presidenta municipal de Tehuacán. 

Durante el tercer periodo de sesiones, David Huerta Ruiz, presidente municipal de Tepeaca y Jesús Castro Morales, edil de Chiautla, ambos priistas, también obtuvieron un IPADR.

El último caso controversial aprobado apenas la semana anterior, fue el de Eduardo Rivera Pérez, por presuntas irregularidades en su ejercicio fiscal 2013, cuando fue alcalde de Puebla.

De acuerdo con las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado podrá hacer revisiones preventivas a los gobiernos y abrir los ejercicios fiscales anteriores de cuentas públicas, pese a que estén aprobadas por el Congreso del estado.