Al ser cuestionado sobre los feminicidios ocurridos en Puebla durante su comparecencia ante el Congreso del estado como parte de la glosa del sexto informe de gobierno, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, dijo que, si bien, estos delitos se han presentado en la entidad, los casos están debajo de la media nacional.

El tema, criticó incluso, se ha empleado con fines mediáticos y políticos sin que se manejen datos que correspondan a lo acontecido en la entidad y a la tipificación con vínculo de género.

A diferencia de la descripción de cumplimiento a recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de San Bernardino Chalchihuapan, el funcionario no enumeró las acciones para evitar la emisión de la alerta de género.

Lo recomendado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dijo, fue atendido con formalidad y mencionó algunas acciones pero sin dar respuesta a cada uno de los 13 puntos.

De acuerdo con los conteos de la SGG, dijo el funcionario, durante 2016 se registraron 69 feminicidios, de los cuales sólo 27 tienen a un responsable consignado; sin embargo, en una revisión hemerográfica realizada por esta casa editorial, la cifra de mujeres asesinadas asciende a 81.

Reiteran inexistencia de presos políticos

Por otro lado, Carrasco Altamirano negó la existencia de presos políticos, un tema que se le ha señalado a lo largo del sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle.

La misma CNDH, explicó, solicitó que en 2015 se informara sobre una lista de cerca de 200 casos de procesados difundida por activistas; en 2016, el gobierno estatal desmintió acusaciones.

"La respuesta que dimos en un informe detallado y completo de los hechos fue que salvo cuatro casos, si no mal recuerdo, los demás o no existían, o nunca fueron detenidos o no teníamos registro o se les había dictado responsabilidad por del fuero común", comentó.