En 2016, el 18 por ciento de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, no lo hicieron; por ello, se aplicaron multas que sumaron un millón 230 mil 707 pesos, revela la información contenida en el Sexto Informe de Gobierno.

Y es que de un total de 13 mil 813 burócratas que deben cumplir con el reporte, sólo 11 mil 317 lo entregaron bajo las condiciones que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

El gobierno, a través de la Contraloría, expidió además un total de 38 mil 781 constancias de No Inhabilitado, con la cual se comprobó que servidores o sociedades no hubieran cometido en el pasado algún acto irregular, con ello, se evitó la contratación, nombramiento o designación de alguien invalidado para ocupar algún empleo, cargo, o para prestar un servicio a la administración pública.

Asimismo, para evitar conductas irregulares por parte de los servidores públicos, se fortaleció el Sistema Integral de Quejas y Denuncias, en el que se recibieron 668 acusaciones por parte de ciudadanos.

De las 688 quejas y denuncias, se desprende que 419 se presentaron por escrito, 78 más a través del portal del gobierno del estado en la sección de quejas y denuncias, 152 acusaciones se presentaron con la presencia del afectado en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría, sólo 16 se hicieron mediante la línea telefónica 01 800 HONESTO, y tres se colocaron en módulos itinerantes y buzones.

El informe precisa que el 01 800 HONESTO atendió a los ciudadanos las 24 horas del día los 365 días del año y durante 2016 se recibieron 2 mil 283 llamadas, de las cuales a 61 se les brindó atención inmediata, a 2 mil 206 se les otorgó orientación y sólo 16 derivaron en una queja formal.

Además de los mecanismos de denuncia ya mencionados, el gobierno del estado implementó el programa "Ciudadano Encubierto", a través del cual se constataron denuncias contra servidores públicos por actos irregulares u omisiones administrativas.

De este esquema, se realizaron cuatro operativos y se detuvo en flagrancia a siete servidores públicos a un particular, sin embargo, el informe no detalla si los burócratas fueron cesados, multados, inhabilitados o se les aplicó alguna otra sanción administrativa.