El estado no debe erogar recursos para la seguridad de un exgobernador, porque cuando concluye su mandato también deben terminar sus privilegios, señaló el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Jiménez Huerta, luego de presentar una iniciativa para suspender el servicio de guardaespaldas para el ahora exgobernador Rafael Moreno Valle.

En sesión ordinaria, el priista manifestó que en 2012 se adicionaron artículos al Título Décimo de la Ley de Seguridad Pública para establecer como una obligación del estado el pago de honorarios de 16 elementos, ocho por turno, para custodiar al exgobernador, éstos deben estas adscritos a la Secretaría de Seguridad y ser servidores públicos con experiencia.

Francisco Jiménez cuestionó que el erario tenga que pagar por el servicio de escolta, cuando esos recursos se pueden utilizar en otros servicios para la ciudadanía, y que en todo caso los elementos asignados al exmandatario deberían estar en las calles y combatir el crimen.

"Los sueldos ascienden a los 10 mil pesos, van a dos millones de pesos al año por 12 años, casi 24 millones de pesos para escoltas. Sin duda este dinero se puede ocupar para combatir la inseguridad en Puebla, sabemos que todos los días hay robo a transporte, a transeúnte, ha aumentado la delincuencia y no se pueden tener ocho personas para cuidar a una sola persona cuando hacen falta que cuiden más a la ciudadanía", apuntó en entrevista.