Durante 2016, la diputada Geraldine González Cervantes presentó una serie de iniciativas para combatir la violencia de género, de las que al menos tres correspondieron al cumplimiento de la sexta recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), las cuales, más adelante, presentó el ahora exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y aprobaron los legisladores del Congreso local.

En los meses de marzo, junio y julio, la diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó las iniciativas relacionadas con incrementar las penas por estupro, considerar en el gasto de pensión los gastos por parto, castigar como feminicidio al agresor que tenga parentesco con la víctima, así como penar la violencia obstétrica.

En la iniciativa que presentó durante marzo, González Cervantes manifestó la necesidad de incrementar las penas hacia quienes cometieran estupro o violación a menores de edad, mientras que también abrió la posibilidad de que el primer delito se persiguiera de oficio; no obstante, como otras iniciativas, quedó en trámite.

Sustentado con diversas tesis y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso que los padres pagaran como parte de la pensión alimenticia los gastos de atención médica y hospitalaria que se erogaran durante el embarazo y parto, pero esa reforma al Código Civil del Estado quedó en la congeladora desde junio del año pasado, mes en que la presentó.

Asimismo, presentó la misiva para tipificar la violencia obstétrica, misma que también ingresó el gobernador hasta finales de julio y no fue aprobada por los diputados al considerar delicado tipificar el maltrato de los trabajadores del sector salud. González propuso sólo la suspensión de un mes a tres años del ejercicio de la profesión; en caso de reincidencia o gravedad, ésta sería definitiva.

Con apenas un mes de diferencia y, a unos días de que la Conavim entregara las 11 recomendaciones al gobierno estatal para emitir la Alerta de Género, la diputada presentó su iniciativa para tipificar como feminicidio los asesinatos en los que la víctima tenga parentesco consanguíneo con su agresor.

Retoman iniciativas de otros

Por otra parte, guardan similitud las iniciativas de González Cervantes y las de Patricia Leal Islas, quien, en la última sesión en el pleno del legislativo, solicitó licencia al cargo para incorporarse como suplente en el Senado de la República en lugar de Javier Lozano Alarcón.

La primer iniciativa busca que el trabajo en casa y con los hijos sea considerado como remuneraciones durante el divorcio y la distribución del patrimonio familiar no será superior al 50 por ciento para las partes; en caso de convenir el divorcio, se tendrá que realizar un avalúo de bienes muebles e inmuebles; asimismo, establece las obligaciones del padre después de la separación.

La iniciativa de la ahora exdiputada Leal Islas y que fue aprobada, señala la denominación del divorcio encausado, que manifiesta que éste deberá presentarse ante un juez siempre que la pareja haya cumplido un año unida; la reforma es más completa al proveer especificidades como proponer un convenio de custodia de los hijos y todo lo relacionado a su manutención; cuando un matrimonio se celebra bajo separación de bienes también se deberá considerar el 50 por ciento por cada parte.

Otra de las iniciativas retomadas fue presentada por el diputado José Chedraui Budib, luego de que se diera a conocer que el gobierno de Puebla financiaba los proyectos de inversión y Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) con el fideicomiso privado de la empresa Evercore.

Es así que, en la primera semana de febrero, el diputado priista ingresó una iniciativa ante el Congreso para que se hicieran públicas las obligaciones directas, contingentes y empréstitos de la entidad como los contratos de PPS y Proyectos de Inversión, sólo con fines declarativos e informativos sin tener validez jurídica.

Por la coyuntura, la iniciativa no se aprobó; sin embargo, meses después, el gobernador incluyó en la armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que los fideicomisos fueran públicos y se catalogaran como sujetos obligados.

En su momento, Chedraui Budib también presentó una iniciativa para fortalecer la capacitación de los servidores públicos con perspectiva de género, sobre todo a los integrantes de las distintas dependencias encargadas de la impartición de justicia.