Piden organismo autónomo contra la violencia de género
Esta semana, el gobernador, Antonio Gali Fayad, conformó la Coordinación Especializada para Prevenir la Violencia contra las Mujeres
Para que funcione la Coordinación Especializada para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, el gobernador, Antonio Gali Fayad debe destinar una partida presupuestal y dotar de autonomía al órgano para tener margen de maniobra, coincidieron los activistas en el tema, Brahim Zamora Salazar y Violeta Lagunes Viveros. El integrante del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), Brahim Zamora, señaló que la creación de un órgano es un mensaje importante que denota interés del Ejecutivo estatal sobre la violencia hacia la mujer en el estado, más aún cuando va a estar sectorizado a la Secretaría General de Gobierno (SGG); sin embargo, para no quedar como una Coordinación inoperante se le deben garantizar los recursos necesarios y la evaluación para cumplir con objetivos. "Me parece una decisión atinada, ahora, son dos temas: cómo se va a evaluar la política pública, qué tan participativa va a ser esa evaluación y dos, los presupuestos, no basta con cambiar la estrategia desde el organigrama político, tiene que ver con los indicadores que van a generar a partir de ello y el dinero que van a invertir para cumplirlos es muy importante", afirmó. Por separado, la consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (INM), Violeta Lagunes Viveros señaló que además de los recursos que se inviertan a la Coordinación, es necesario reformar de nueva cuenta los marcos normativos para que quien esté a cargo del órgano, incluya la participación de la sociedad civil, en este caso, Nadia Navarro, presidenta de la Junta de Gobierno de la Coordinación y quien también es directora del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM). Esta semana, el gobernador, Antonio Gali Fayad, conformó la Coordinación y está integrada por titulares de las dependencias del estado como Secretaría General de Gobierno (SGG), Educación Pública (SEP), Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) y la Fiscalía General del Estado (FGE). |