Agencia Enfoque | En el Foro Estatal del Agua, funcionarios resaltaron inconsistencias en la aprobación de la Ley del Agua. Buscan asesoría en 18 municipios contra la “ley del agua”
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Cuautlancingo, Ocoyucan, Xoxtla, Tecali de Herrera, Tlahuapan, Tepexi de Rodríguez, Tlaola y Venustiano Carranza están entre los asesorados
Luego que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula fuera el primero en promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 12 constitucional por parte del Congreso de Puebla, en que se acusa el riesgo de privatizar el agua, ya suman cuatro los ayuntamientos que iniciaron el proceso y funcionarios de 18 más han solicitado informes para proceder contra este acto legislativo.
Esto, de acuerdo con el secretario General del Ayuntamiento, Ignacio Molina Huerta, quien les ha presentado a los interesados el proceso a seguir para llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"No son necesariamente los presidentes, se han acercado los regidores, o síndicos", dijo.
Además de San Pedro Cholula, iniciaron acciones las comunas de Juan C Bonilla, Eloxochitlán y también Coronango, éste último desde la sindicatura y a pesar de la cercanía que ya tuvo la alcaldesa Hermelinda Macoto Chapuli con el gobierno estatal.
Mientras que el listado de los funcionarios asesorados incluye entre otros a Cuautlancingo, Ocoyucan, Xoxtla, Tecali de Herrera, Tlahuapan, Tepexi de Rodríguez, Tlaola y Venustiano Carranza.
El caso de los municipios que ya promovieron la acción, explicó Molina Huerta, se basa en las facultades que la reforma resta a los municipios para administrar el agua y en que el Congreso violó sus propios tiempos.
Sostuvo que para la aprobación no se respetó el mes de plazo que los ayuntamientos tenían para votar y esto se hizo coincidentemente con las fechas para que el exgobernador Rafael Moreno Valle dejara el cargo.
"No se esperaron al mes, en vez de esperarse al 6 de febrero, cuando ya Moreno Valle no era gobernador lo hacen el 27 de enero y lo decretan en el Periódico Oficial".
De acuerdo con estimados del funcionario, los cuatro casos de quienes iniciaron el proceso podrían ser integrados en una sola revisión de la SCJN, que en el caso de Cholula ya llegó a la designación de un funcionario para investigar.
Resaltan inconsistencias en aprobaciones
Algunos de los funcionarios de municipios interesados en actuar legalmente contra el Congreso, participaron ayer en el Foro Estatal en Defensa del Agua en donde se expusieron opiniones sobre la reforma y experiencias en municipios.
Uno de los casos que resaltó fue el del regidor de Tehuitzingo, Alfredo Martínez Guevara, quien acusó que aunque su Ayuntamiento aparece como uno de los que votó a favor de la reforma, pero él no participó en ninguna sesión.
En tanto que el regidor Miguel Oliver Ramírez, de Izúcar de Matamoros, relató cómo en su municipio se votó mayoritariamente a favor a pesar de que existía oposición.
El foro reunió también posturas de agrupaciones ciudadanas de municipios donde comienzan a observarse tendencias de privatización como San Andrés Cholula y Atlixco.
Busca Lozano Alarcón a Coronango y Cuautlancingo
Mientras que en Cholula se realizaba el foro, Javier Lozano Alarcón, jefe de la oficina del gobernador Antonio Gali Fayad, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter sobre reuniones con los alcaldes de Coronango y Cuautlancingo para explicarles la reforma constitucional, donde aseguró que no había conflicto sobre el tema.
Ayer se buscó la postura del área de Comunicación de la alcaldesa de Coronango, Mely Macoto Chapuli, dado que la sindicatura de su administración inició un proceso, según ella sin su autorización; sin embargo, este medio no hubo respuesta de su parte.
Notificará Congreso a municipios
El Congreso del Estado notificará a los 217 ayuntamientos de Puebla, la inexistencia de una supuesta privatización del agua. Esto luego de que el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, acusó a los legisladores de falsificar las actas de Cabildo de siete municipios que se opusieron a la reforma de la Ley del Agua.
Durante la sesión los legisladores votaron por unanimidad para que se aclare a los ayuntamientos el acceso al derecho al agua, ya que los cambios al artículo 12 constitucional se realizaron para armonizarse a leyes federales, a la par que garantizarán que el manejo del servicio se mantendrá a cargo de los municipios.
El pasado 6 de enero, el Congreso local aprobó en sesión extraordinaria cambios al artículo 12 constitucional, al que se le agregó: "el estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural", lo que generó controversia entre algunos cuerpos edilicios, quienes han manifestado que el suministro del líquido quedaría en disposición del gobierno estatal.
Foto: Karen Rojas
Al respecto, el diputado Julián Peña Hidalgo, quien recientemente se afilió al Movimiento Regeneración Nacional consideró que deben impulsar cambios al artículo 12 con los que se aclare que la responsabilidad para suministrar el agua estará a cargo de los tres órdenes de gobierno y así evitar malentendidos.
"Cuando llegó este dictamen, efectivamente, me pareció que no tenía ningún elemento, ningún efecto que buscará privatizar el servicio del agua potable; por lo contrario, se establecía como un derecho humano el acceso al agua. Me parece que hasta ahí está en lo correcto (…) no hay ningún efecto privatizador".
Argumentó que el principal error de hacer énfasis en que el estado regulará el servicio generó malinterpretaciones, por la falta de profundidad que les garantice a los ayuntamientos mantener su autonomía en el tema; no obstante, exhortó a sus homólogos a tener una ley más incluyente con los munícipes.
En su intervención, el legislador por el Partido Acción Nacional (PAN), Pablo Rodríguez Regordosa, apoyó la opinión emitida por Peña Hidalgo, pues se evitarían los malentendidos al demostrarles que el derecho al acceso al agua se mantiene, pese a los cambios constitucionales.
Respecto a las acusaciones realizadas por el alcalde cholulteca, el diputado por el Movimiento Ciudadano (MC), José Ángel Pérez García, informó que se dio a tarea de verificar todas las actas de Cabildo que habían validado la reforma, comprobando que estaban en orden, ante lo cual y en alusión a los señalamiento de Espinosa Torres, dijo: "es un movimiento político que se quiere hacer con un derecho universal".
