La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió los recursos promovidos por 5 gobiernos municipales contra la reforma al artículo 12 constitucional, que otorga al estado el manejo del agua potable.

Además del caso de San Pedro Cholula con el expediente 53/2017, ahora se suman Ajalpan con el número 67/2017; Coxcatlán 66/2017; Coronango 65/2017 y Juan C Bonilla, con el expediente 62/2017, según se desprende del listado de Controversias Constitucionales Pendientes de Resolución.

Estos casos coinciden en señalar a las autoridades de los poderes Legislativo y Ejecutivo, además del Secretariado General de Gobierno y también al Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, como responsables de la modificación constitucional de la que deriva la supuesta privatización del agua.

Los municipios apelaron la reforma a la fracción 6 del artículo 12 de la Constitución del Estado, que fue avalada por el Congreso el pasado 27 de enero.

En el portal de la SCJN, aparece un expediente del municipio de Zoquitlán, en el que se señala a las mismas autoridades que los otros cinco casos, pero en el que el apartado de acuerdo requerido se encontraba en blanco. Aunque falta esta información, las autoridades de esa entidad ya habían señalado que se opondrían, por la vía legal, a la modificación de la Constitución.

Validan decreto en Xoxtla y Zaragoza

En contraparte, los Cabildos de San Miguel Xoxtla y Zaragoza aprobaron el decreto constitucional para hacer del agua un derecho humano, pues apoyan la propuesta del Ejecutivo estatal y la autonomía de los municipios no se ve afectada, porque el servicio no se privatizará, señalaron los alcaldes de ambos ayuntamientos.

Los ediles confirmaron que se reunieron con el Jefe de la Oficina del Gobernador, Javier Lozano Alarcón y en el encuentro, éste dejó claro que el estado no pretende privatizar el servicio del agua, porque además, es una facultad que sólo tienen los ayuntamientos; no obstante, los ediles reconocieron que persiste el descontento social.

El presidente de San Miguel Xoxtla, Miguel Hernández Martínez, comentó que se trata de un asunto político iniciado por el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, quien tiene intereses personales y ha desatado conflictos sociales en la entidad.

Por último, el presidente de Zaragoza, Rigomar Martínez Morales, apuntó que cuando los integrantes del Cabildo analizaron la reforma enviada por el Congreso del estado, no se encontró alguna anomalía, incluso celebraron que el acceso al agua fuera un derecho humano.