No obstante, en el decreto aprobado el pasado 27 de enero, se establece que el OPD podrá: "Recibir los recursos humanos, financieros y materiales que le sean asignados por cualquier ente público o privado para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con las disposiciones aplicables" así como "expedir acuerdos, instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás documentos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, la prestación de los servicios y el ejercicio de sus atribuciones".

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, las disposiciones anteriores se aplicarán a los municipios de Nopalucan, San José Chiapa, Soltepec, Mazapiltepec, y Rafael Lara Grajales. Es en el polígono de la Ciudad Modelo donde la administración estatal va a "dirigir, organizar, coordinar, vigilar, administrar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios públicos en el área de desarrollo, directamente o a través de terceros".

El documento, firmado por los alcaldes en octubre de 2015, expone que los ayuntamientos no podrán expedir los documentos relacionados con ordenamiento territorial en los polígonos de la Ciudad Modelo y debe consultar con la Secretaría de Desarrollo Social sobre la política de vivienda. Se especifica que, en la superficie que no comprendida por la zona a intervenir, la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial también emitirá un dictamen de viabilidad para obras.

"Las partes convienen que el presente convenio tendrá una duración de treinta años, misma que empezará a transcurrir a partir de su firma y sea aprobado por el Congreso del Estado" dice la cláusula décimo segunda, mientras que en las subsecuentes se señala que "el instrumento podrá revisado, prorrogado, adicionado o modificado de común acuerdo por las partes", se asienta.