Condenan amenazas contra los activistas

Los integrantes de la Asamblea Social del Agua condenaron las amenazas hechas a Gilberto Maldonado Maldonado

Los integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) condenaron las amenazas hechas a Gilberto Maldonado Maldonado, activista que está en contra de la privatización del líquido.

Tras impulsar la presión de ciudadanos de Izúcar de Matamoros a su Cabildo, para que el síndico promoviera la controversia constitucional contra la reforma estatal que limita a los municipios a administrar el agua, Maldonado empezó a recibir mensajes intimidatorios.

De acuerdo con Maldonado Maldonado, quien también es dirigente del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), la advertencia fue de desaparecerlo. El activista ya ha señalado a las autoridades municipales estos hechos.

Antes de estos sucesos, el docente ya había tenido represalias por su actividad política, pero desde el gobierno, con una orden de aprehensión en 2015 por actividades cometidas en manifestaciones contra la reforma educativa.

Las amenazas a Maldonado también tienen antecedentes en el tema del agua, pues al menos dos abogados que han impulsado controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalaron fallas.

Una de estas defensas fue la de la asociación civil El Barzón, que asesoró tanto a los inconformes de Izúcar como de otros municipios de la Mixteca y Cuautlancingo, pero sin que se concretaran los recursos.

Esto, señalaron la semana pasada, debido a que en varios de los ayuntamientos, los ediles fueron presionados con el tema de la aprobación de sus cuentas públicas, en manos del mismo Congreso que reformó el artículo 12 de la Constitución del estado, donde se aborda el tema de la administración del agua.

La ASA hizo un recuento de las actividades que se realizaron ayer con motivo del Día Mundial del Agua, así como también proporcionó avances sobre los seis casos de suspensión de los servicios de agua de los cuales buscaron amparos la semana pasada. De acuerdo con los activistas, se logró que la justicia federal ordenara la suspensión provisional de las acciones contra ciudadanos y, con esto, se les restituyeran los servicios.

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