Karen ROJAS | La sesión extraordinaria inició con casi una hora de retraso por la presencia de manifestantes afuera del Congreso. Inhabilita Congreso a ERP; acusan venganza política
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El exalcalde de Puebla no podrá ejercer cargos públicos durante 12 años; fueron 32 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones
Entre señalamientos de venganza política, los diputados del Congreso del Estado aprobaron en sesión extraordinaria la inhabilitación por 12 años y multa por 25 millones 597 mil 16 pesos para el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, con 32 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.
Los legisladores que dieron el aval para sancionar a Rivera Pérez corresponden a las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Compromiso por Puebla, Nueva Alianza (Panal), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD), a excepción de Socorro Quezada, quien junto el diputado sin partido Julián Peña y el panista Pablo Montiel Solana votaron en contra del dictamen.
Por su parte, las diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González, y del PAN, Carolina Beauregard, se abstuvieron del voto. Tanto Beauregard como Montiel Solana, colaboraron en la gestión municipal de Rivera Pérez.
La sesión extraordinaria inició con casi una hora de retraso ya que, por orden del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Jorge Aguilar Chedraui, se cerró el acceso al Congreso sin permitir el acceso a medios de comunicación, así como a un grupo de diputados, dado que una manifestación de jóvenes que portaban cartulinas en contra del exedil obstruyó la entrada. Para lograr ingresar a la sede legislativa, algunos diputados y reporteros tuvieron que acceder mediante la azotea de las oficinas del PRI municipal.
Advierten de irregularidades en dictamen
El debate duró más de una hora. El primero en tomar la palabra fue el exsecretario de Gobernación en la administración de Rivera, Pablo Montiel Solana, quien acusó que el asunto representaba una ilegalidad por dos razones: la Auditoría Superior del Estado (ASE) no está facultada para fiscalizar recursos federales y porque no se respetaron los plazos para dar respuesta al Inicio de Procedimiento Administrativo, de ahí que el exalcalde recurriera al amparo.
Antes de la sesión, entregó una ficha informativa a todos sus compañeros para enterarlos sobre la ilegalidad del proceso y que podrían incurrir en irregularidades si aprobaban el dictamen; sin embargo, el argumento fue refutado por Pablo Rodríguez Regordosa, quien afirmó que la ley prevé que el Estado fiscalice los recursos que la federación le da a los municipios.
"Claro que hay responsabilidad del Congreso, lo que pasa es que nadie le ha litigado bien al Congreso y a la Auditoría Superior y está demostrado que cuando le han litigado nos han dado para atrás, así es que abusados, no creo que ésta sea la excepción. El amparo que presentó Eduardo Rivera fue para exigir que la autoridad se apegara a los tiempos que establece la ley, porque a todas luces la Auditoría estaba chicaneando los tiempos para llevársela larga", dijo.
Luego, la diputada del PRD, Socorro Quezada Tiempo, expuso una serie de irregularidades en el dictamen, como la diferencia de costos de las obras y las supuestas deficiencias del gasto para la colocación de concreto hidráulico, obras que realizó el gobierno estatal y no el municipal.
Fotos: Karen Rojas
Quezada puntualizó en la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 11 Norte-Sur, obra de la que dijo, se compartió con el gobierno de Rafael Moreno Valle; sin embargo, solo observan de la gestión de Rivera Pérez.
Antes de la sesión, solicitó que se suspendiera el pleno porque la ley sólo prevé que se realice en casos de urgente resolución, e iniciar un procedimiento administrativo a Eduardo Rivera no es algo apremiante.
"Estamos ante un criminal que quiere ser algo para el 2018 y este congreso tiene que ponerle todas las trabas para que no pase, es muy lamentable compañeras y compañeros la situación que estamos viviendo en el estado de Puebla, no voy a votar a favor de Eduardo Rivera, voy a votar en contra del dictamen, porque desde todo punto de vista no llena las condiciones para poderlo sancionar. No seamos partícipes de la política represora contra opositores", aseveró.
En su momento, el diputado Julián Peña Hidalgo acusó al Congreso de plantar la manifestación para impedir el acceso, que al final, se dio por la azotea del Comité Municipal del PRI; además, suscribió el señalamiento de represión y venganza política contra el exalcalde.
Priistas contravienen orden de dirigencia
Durante toda la sesión, el grupo legislativo del PRI se mantuvo al margen de los comentarios sin adelantar el sentido de su voto, que al final fue a favor; destacaron los casos de: Silvia Tanús, Rosalio Zanatta, Pablo Fernández del Campo, Leobardo Soto, Francisco Jiménez, Sergio Céspedes y Maritza Marín.
De esta manera, contravinieron la orden de su dirigencia estatal, encabezada por Jorge Estefan Chidiac, quien vía Twitter había anunciado que el voto de los legisladores de su partido sería en contra del dictamen de la Comisión Inspectora.
En entrevista posterior a la sesión, la coordinadora de diputados del PRI, Silvia Tanús, señaló que el cambio de su voto se dio a petición de los liderazgos nacionales que solicitaron a los diputados no defender a Eduardo Rivera, un panista que opera contra el tricolor en el Estado de México.
