| "Nosotros no tenemos armas, las únicas armas que utilizamos son nuestras herramientas de trabajo", aseguraron habitantes de Palmarito Tochapan, junta auxiliar de del municipio de Quecholac que desde el pasado miércoles 3 de mayo fue escenario de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y presuntos huachicoleros. La versión oficial: 10 muertos, 4 de ellos castrenses, 14 detenidos -entre ellos, dos menores de edad, armas decomisadas y vehículos blindados cuyo número no ha sido precisado. El pueblo de Tochapan afirma que en toda historia, hay dos versiones. El Ejército Mexicano mató a un campesino que estaba lavando el cebollín que había cosechado en una zona que se conoce como Los Lavaderos, en el barrio de San Bartolo, sólo porque según los militares, lo encontraron cerca de una toma clandestina. Después, aseguran que de la misma manera arremetieron contra la población. Tras el enfrentamiento del que resultaron cuatro militares muertos y seis civiles, se registraron otros dos choques, entre la madrugada y mañana del jueves los habitantes salieron a manifestarse a las calles del Centro. Sus pancartas tenían mensajes contra el Ejército, pues pedían su salida de la población y también argumentan que quieren paz para su comunidad. Caminaron varias vialidades del Centro hasta que el contingente llegó a la calle 8 Sur, una calle de terracería donde un nutrido convoy conformado por castrenses, elementos de la Policía Estatal, Gendarmería y Policía Militar, estaba apostado en la zona. Resguardaban un inmueble donde fue abandonada una camioneta Chevrolet Suburban de color blanco, que presentaba impactos de bala en la carrocería, el parabrisas y que en su interior tenía armamento, aunque una primera versión apuntaba a un cadáver, situación que se descartó. Eran alrededor de 300 personas las que llegaron hasta el lugar, la consigna en todo momento fue "las mujeres hasta adelante", a los policías militares les exigieron información sobre el paradero de al menos 15 personas a las que reportaron como desaparecidas; aseguraron que los militares se las habían llevado. Así se supo del caso de Misael Monterrosas Mendoza, de 17 años de edad. Su madre narró que salió de su casa el miércoles en la noche, para ir a buscar a su novia, pues ambos irían al baile que se organizó con motivo de la fiesta del barrio Las Cruces. Aunque ellos consideraban que estaba desaparecido o posiblemente entre los detenidos, posteriormente se informó que su nombre formaba parte de la lista de quienes fallecieron en los enfrentamientos. También se obtuvo el testimonio de la madre de Josué Torres Andrade, de 15 años de edad quien, al parecer, sí se encuentra entre los 14 detenidos. Su madre refirió que salió de la escuela secundaria Artículo 3 y que se dirigía a su casa, en el barrio antes mencionado, pero en el trayecto lo detuvieron. Acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de haber acribillado a una mujer, Felipa Monterrosas, de entre 40 y 45 años de edad quien, aseguran, nada tenía que ver con actividades relacionadas con el robo de combustible; sólo se encontraba en el lugar y momento equivocado.
Durante casi 30 minutos, los quejosos se mantuvieron alejados del contingente de policías, que por momentos provocaban a los pobladores con sonrisas burlonas, inclusive los acusaban de ser delincuentes y afirmaban que eso les había pasado a sus familiares por delinquir, lo que causó molestia.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se apersonó en el lugar para asegurar la camioneta con armamento, por cuestiones de seguridad se empleó una grúa, pero en ese momento se rompió el cerco de seguridad y ocurrió el tercer enfrentamiento. Los pobladores atacaron con palos y piedras, la policía los replegó con gas lacrimógeno.
Los elementos de seguridad pública se retiraron del lugar y aunque se pensó que ya no regresarían, lo hicieron y detonaron más cartuchos de gas, pero para entonces, la gente ya había vandalizado la camioneta, de la que sacaron el armamento. El enfrentamiento no pasó a mayores, después de las provocaciones por parte de ambos bandos, los habitantes decidieron retirarse para tomar en punto de las 12 horas la autopista Puebla-Orizaba. Entre 200 y 250 personas colocaron barricadas de llantas a las que les prendieron fuego en ambos sentidos de vialidad, a la altura del kilómetro 184. De manera simultánea al cierre de la autopista, se informó que desde las 11:30 horas, las instalaciones del Centro Integral de Servicios (CIS) en Palmarito Tochapan se mantuvieron cerradas durante todo el día, debido a que la gente amagó con tomarlas, lo mismo que las oficinas en Tecamachalco. Los presidentes municipal -Néstor Camarillo- y auxiliar -Mario Monterrosas- nunca acudieron al lugar de los hechos, ni siquiera para dialogar con los habitantes, para respaldarlos o al menos tranquilizarlos. A las 16:30 horas se reportó que el sentido Orizaba-Puebla fue reabierto a la circulación, luego de que Caminos y Puentes Federales (Capufe) procediera a la limpieza de la zona y minutos después se reabrió el paso en el cuerpo con dirección a Veracruz. No se ponen de acuerdo en versionesLa Sedena emitió un comunicado en el que consignó que los hechos derivaron del reporte de una toma clandestina; pero personal de la Policía Federal división Gendarmería mencionó que estaban en la zona como apoyo, pues se implementó un operativo de rescate. Lo anterior reforzó la versión de que la incursión de las autoridades a Palmarito, fue porque estaban buscando a elementos "retenidos", al parecer los dos militares reportados como desaparecidos desde el pasado 28 de abril en Tecamachalco. La gente precisó que los enfrentamientos donde hubo decesos, ocurrieron en los barrios San Bartolo, en el Centro y en la curva que conduce al barrio Las Cruces -donde el miércoles se llevó a cabo la fiesta patronal-; las autoridades omitieron esa información. Los habitantes señalaron que, en caso de que las autoridades no entreguen a los detenidos, volverán a tomar la autopista como medio de presión hasta que se atiendan sus demandas. Hasta el momento, el robo de combustible en la entidad ha recrudecido la violencia en los últimos meses. Los huachicoleros que operan en el Triángulo Rojo han enfrentado a todo tipo de uniformados; los han golpeado, matado y hasta desarmado. Desde el inicio de la actual administración, los operativos han sido más constantes, los decomisos de hidrocarburo, el aseguramiento de vehículos utilizados para el trasiego, el desmantelamiento de bodegas y cateos; sin embargo, Puebla se mantiene como el estado con más tomas clandestinas y, por ende, robo de combustible a nivel nacional.
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