La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio de Gasolina (Ampes) no se responsabiliza si sus socios venden gasolina robada, sostuvo su vocera, Maura Arredondo Moreno, quién aseguró que es responsabilidad de cada empresario cuidar las normas de venta ante el público. "Tenemos un candado para cuidar la gasolina, pero si se violan depende de cada gasolinero", aseveró. Durante la conferencia de prensa para dar a conocer la Expo Gas y Energía Puebla 2017, Arredondo Moreno se deslindó de casos en donde sus compradores violen la ley. Señaló que desconoce el número de gasolineras afectadas por la venta de huachicol, pues sus alianzas son de proveedores, no de gasolineros y cuentan con un rubro de controles volumétricos autorizados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que ha hecho que la venta de su material y mantenimiento no se vean afectadas. La vocera de Ampes sabe que las gasolineras bien establecidas tiene un nivel de riesgo por la venta de hidrocarburo y que las pérdidas económicas han sido grandes, pero desconoce cuáles son las empresas que han quebrado por dicho acto ilícito. En la actualidad, Ampes provee de gasolina a 52 asociados, los cuales representan 80 por ciento del mercado desde Baja California hasta Mérida, pero a pesar de ser mayoría no tiene cifras de las zonas más afectadas por el huachicol. Arredondo Moreno está consciente que han cerrado empresas por operativos que combaten el robo de combustible; pero ellos como proveedores no han registrado sanciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Procuraduría General de la República (PGR), ni Petróleos Mexicanos (Pemex). Gasolineros, en la miraLa semana pasada, el senador de la República, Luis Miguel Barbosa Huerta, exigió que las gasolineras de Veracruz, Puebla y Tlaxcala sean auditadas, argumentando que es la zona donde hay mayor destino de huachicol. Previamente, el personal de Pemex, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría General de Gobierno (SGG) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), han realizado operativos para suspender gasolineras que han presentado irregularidades en el despacho de combustible. Por lo anterior y derivado a los operativos suspendieron a seis gasolineras, entre ellas se incluyó a tres establecimientos que son propiedad de Pablo Morales Ugalde, presidente municipal de Palmar de Bravo. Adicionalmente, este martes, la Comisión Nacional de Seguridad informó que las gasolineras serán revisadas, para verificar que no compren hidrocarburo con los huachicoleros. Replica El Popular AMPES by Arturo Castillo on Scribd |