La venta de huachicol ha permeado de forma negativa en los municipios que integran el llamado Triángulo Rojo, sus alcaldes ante amenazas, contribuyen a este crimen o han tenido que callar recibiendo beneficios económicos, así lo dio a conocer Miguel Calderón Chelius, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana en Puebla, quien consideró que la presencia del Ejército no erradica la venta de hidrocarburo, sólo controla la situación. El especialista en materia política, detalló que los mecanismos con los que trabaja el crimen organizado se basan en una presión doble; por una parte ofrecen recursos económicos y por otro lado, amenazan a los presidentes municipales, de tal forma que algunos de los servidores públicos terminan participando en la comisión de delitos. Señaló que los munícipes, en especial los del Triángulo Rojo, están en una situación delicada, pues en comparación con los municipios de la zona conurbada a la capital, su solidez institucional no es tan fuerte. "Cuando hablas de municipios pequeños, todo depende de la solidez moral y de esa ética que tengan los alcaldes, pero no me cabe duda que están sometidos a una presión enorme por parte del crimen organizado", explicó. Desde su óptica, consideró que al resistirse a esta presión ponen en riesgo su propia vida; sin embargo, puntualizó que las autoridades que tengan vínculos con actos ilícitos deberán ser castigadas. Al hacer referencia al alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, quién fue detenido este miércoles por la Procuraduría General de la República (PGR), mencionó que es uno de los tantos casos aislados que afectan la imagen de México, a la par del narcotráfico. No cree que la mala imagen del país se base en los nexos de alcaldes y huachicoleros porque sería estigmatizarlos. La percepción al exterior es el conjunto de todas las situaciones que se han suscitado como la presencia de narcotráfico, la inacción del Estado y la incapacidad del gobierno al responder ante los niveles de violencia. Mencionó que han existido detenciones de autoridades por tener presuntos cargos delincuenciales, pero no hay un proceso real de investigación ya que la policía es incompetente, y no se arman bien las carpetas de investigación. Ante la pregunta de en qué momento se debilitó el ejercicio del servicio público frente a los grupos delictivos, el académico dijo que el momento clave fue cuando en el gobierno anterior -que correspondió al ahora exmandatario Rafael Moreno Valle Rosas- tomó la decisión de no enfrentar el problema, pues con ello, se permitió una "generalización de una cultura criminal", que terminó permeando en los municipios de Tecamachalco, Quecholac, Palmar de Bravo, Acatzingo y Tepeaca. "Esto combinado a una dinámica de los procesos electorales donde para ser competitivo cada vez necesita más recursos, hay una enorme tentación de recibir recursos que después se descubren son de fuentes no legítimas", expuso. Opinó que la presencia del Ejército en el Triángulo Rojo puede coadyuvar para controlar y moderar la situación, pero no va ayudar a eliminar el tráfico de combustible robado. Una solución inmediata para terminar el robo de huachicol, sería eliminar la impunidad, generar acción social como implementación de empleos, actividades para los jóvenes y crear cuerpos de seguridad eficaces. Agregó que para revertir el efecto de la delincuencia se debe implementar un plan de prevención de delitos, investigaciones profundas y que el Sistema Judicial funcione en un sentido completo, es decir, que los jueces sean efectivos a la hora de castigar. |