Este miércoles 19 de julio de 2017, vence el plazo para que los estados concluyan con la aprobación y puesta en marcha de las leyes que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción y aunque Puebla estuvo en tiempo al aprobar todos los ordenamientos, los nuevos esquemas no operarán en su conjunto hasta que todos los procesos hayan culminado, lo cual podría llevar al menos seis meses.

Este martes, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, que tendrá como atribuciones el dirimir controversias que se susciten entre particulares y la administración pública; imponer sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa grave y a los particulares vinculados; así como fincar pago de indemnizaciones por daños patrimoniales.

De acuerdo con los transitorios de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, habrá un periodo de hasta seis meses para que la institución inicie operaciones, manteniéndose con la posibilidad de aplazar su integración al Sistema Estatal Anticorrupción, de la misma forma, todavía no se nombra al Comité de Participación Ciudadana. Los integrantes de la Comisión de Selección advierten que esto podría darse hasta el mes de noviembre.

En la iniciativa que presentó el exgobernador Rafael Moreno Valle para implementar el Sistema Anticorrupción, se señala que esta figura se regirá por el Comité Coordinador, mismo que estará integrado por distintas instancias encargadas de la fiscalización y observación para prevenir y sancionar los malos manejos administrativos.

Los que ya pueden integrar el Comité Coordinador son los titulares de la Auditoría Superior del Estado y de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; la presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un integrante del Consejo de la Judicatura y otro del gobierno del estado.

En tanto, los integrantes del órgano rector que no han sido nombrados, pero también deben formar parte del Comité Coordinador, son un representante del Tribunal de Justicia Administrativa y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Durante el proceso de integración del Sistema Estatal Anticorrupción, actores políticos y sociales acusaron que no se dotó de autonomía, pues el fiscal especializado fue electo por el fiscal general, Víctor Carrancá, además, se refiere la parcialidad de la presidenta del Instituto de Transparencia, mientras el Consejo de la Judicatura lo integra un excolaborador del gobernador en turno y existen dudas sobre quiénes integrarán el Comité de Participación Ciudadana.