Agencia Enfoque | Los magistrados serán propuestos por el gobernador del estado. Quiere Gali no 3, sino 7 magistrados
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Antonio Gali Fayad presentó una iniciativa para aumentar los integrantes de órgano jurisdiccional y que duren 13 años en su cargo
A unos días que se aprobara la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, el gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, presentó una iniciativa ante el Poder Legislativo, para que no sean tres, sino siete magistrados los que integren el órgano jurisdiccional y que éstos no duren 15 sino 13 años en su cargo por única ocasión.
El pasado 12 de julio el gobernador envió la iniciativa al Congreso local para crear el tribunal, donde se analizarán las faltas administrativas y se dirimirán actos de corrupción, la misiva se planteó en los mismos términos que lo hizo el exgobernador Rafael Moreno Valle, al presentar la reforma constitucional para crear el Sistema Estatal Anticorrupción.
En esa iniciativa, aprobada la semana anterior, estableció que para atender los casos administrativos se requeriría de tres magistrados que durarían 15 años improrrogables en su cargo y sólo por causas de fuerza mayor serían relevados.
Ahora, el Ejecutivo solicita la modificación del párrafo tercero de la fracción X del artículo 12 de la Constitución Política del Estado, para que el Tribunal de Justicia Administrativa se integre hasta por siete magistrados que durarán en su cargo quince años, pero en los transitorios de la iniciativa se establece que por única ocasión ejercerán trece años.
"Por única ocasión, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que se nombren y ratifiquen con motivo de este decreto durarán en su encargo trece años, sin perjuicio, de lo dispuesto por el artículo Séptimo Transitorio de la Declaratoria del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla", dice el artículo tercero transitorio.
La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa establece que las principales atribuciones de la institución serán las de dirimir controversias que se susciten entre particulares y la administración pública; imponer sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa grave y a los particulares vinculados; así como fincar pago de indemnizaciones por daños patrimoniales.
Los magistrados podrán conocer las resoluciones y sanciones que la Auditoría Superior del Estado proponga para los Ayuntamientos y órganos de gobierno, podrá atraer casos, reabrir expedientes e incluso solicitar medidas cautelares sobre algún miembro de la administración pública cuando cometa faltas administrativas.
Los magistrados serán propuestos por el gobernador del estado y serán ratificados por los diputados, en caso de no contar con el aval el Ejecutivo podrá proponer a otros perfiles.
