El Instituto para la Gestión Administrativa y Vinculación Municipal (Igavim) solicitó al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong y a Alejandra Negrete, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se reconsideré la Alerta inmediata de Violencia de Género en la entidad poblana. El presidente del organismo, Juan José Hernández López, quien señaló que el oficio ya fue entregado a estas dos instancias, por lo que espera pronto tener respuesta. En dicho escrito se manifiesta que ante la preocupación por el alza en la violencia que se ha generado en el estado de Puebla se pide actuar de manera inmediata, pues ha repercutido en el sector femenino. Entre los argumentos que emite Igavim en esta solicitud es que se consideren los delitos vinculantes y los factores de riesgos; además, en lo que respecta a las mujeres desaparecidas durante el primer semestre de 2017 se tuvo conocimiento de 249 casos, indicado por el Instituto de Derechos Humanos "Ignacio Ellacuría" de la UIA con una decena más de organizaciones que forman la Mesa de Seguimiento de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. En lo que respecta a la trata de personas, de acuerdo con la información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el 2014 se estimó que el 41.1 por ciento de las víctimas en el país, proviene del estado de Puebla. Con respecto a los feminicidios, en el 2016 la Fiscalía General del Estado (FGE) consideró 59 casos, de los cuales, 27 fueron consignados; sin embargo, se señala que esto se definirá hasta la sentencia. De los 58 casos registrados y reconocidos por la FGE como feminicidio -del 1 de enero al 15 de septiembre de 2017-, representó que cada cuatro días ocurriera este delito; por otro lado, de acuerdo con lo registrado por organizaciones, se contabilizan 83 feminicidios en este mismo periodo, lo cual significaría un feminicidio cada tres días. El Igavim subraya que es urgente que las instancias correspondientes antepongan la protección a los derechos humanos de víctimas y familiares, sin importar condición social y económica para recuperar la confianza en el acceso a la justicia. Por último, urgen a las dependencias a mejorar su desempeño, transparentar en su portal los casos de personas desaparecidas y con esto optimicen su atención a las víctimas, identifiquen el patrón que origina la trata y desaparición de personas, y exponer alternativas contundentes para frenar los feminicidios. |