Aplican 71% de sanciones a funcionarios de seguridad

De 2016 a septiembre de 2017, la contraloría municipal de la capital poblana ha aplicado 84 sanciones a funcionarios. De manera general, destacan los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes representan el 71 por ciento del total de las situaciones irregulares, esto de acuerdo con información publicada en el portal de internet del Ayuntamiento.

En el reporte público se menciona que, al corte del 30 de septiembre, la contraloría había aplicado 60 amonestaciones a los integrantes de tránsito municipal. Las faltas efectuadas son diversas, entre éstas se encuentran solicitar cuotas para la asignación de patrullas, acoso sexual, uso excesivo de la fuerza pública, indebida detención y puesta a disposición.

Además de la colisión de vehículo oficial al no respetar la luz roja del semáforo; recibir y entregar comprobantes de nómina de cuatro policías que cobraron sin presentarse a laboral; obtener indebidamente la cantidad de 195 mil 303 por concepto de sueldo neto durante el periodo del primero de diciembre 2011 al 28 de marzo de 2013 encontrándose recluido, entre otras.

Si bien ésta área de la administración destaca, no es la única que tiene integrantes que han violado las normas, también hay de la Tesorería, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), la sindicatura municipal, el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras públicas.

En tanto a los castigos aplicados, también son distintos de acuerdo con el incumplimiento, pero se encuentran desde puniciones económicas hasta la destitución del puesto, de éste último tipo se encuentran 13 casos, de los cuales 12 son de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el otro se refiere a la Secretaría de Gobernación.

En el caso antes referido se hace referencia a la salida del ahora expresidente de la junta auxiliar La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, quien en su momento luchó para que los registros civiles no quedaran a cargo del gobierno estatal.

Otra área que resalta es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras públicas, la cual tiene cuatro funcionarios que incumplieron con sus deberes. La problemática está vinculada con aspectos como autorizar indebidamente con su firma estimación de trabajos pagados no ejecutados por la cantidad de 8 mil 864 pesos, en este se observa que son cuatro diferentes personas que avalan desde su cargo esta acción, entre ellos se encuentra el supervisor residente de obra, el coordinador de sector, el jefe del departamento y el director.