Protestan conductores de Cabify; piden volver a operar

La consigna de "Ni cómplices, ni culpables, pedimos trabajo justo para los que nos quedamos sin empleo", se escuchó en una caravana de automóviles de conductores Cabify, que partieron del bulevar Atlixcayotl con dirección a Casa Aguayo y revelaron que aún ofrecen el servicio como corporativo a diversas compañías.

La decena de vehículos que participaron en la protesta colocaron cartulinas coloridas para mostrar a la sociedad que siguen presentes y con la intención de seguir operando en la entidad en cuanto se les vuelva a dar una oportunidad, pues no se puede juzgar a todos los operadores por lo presuntamente hecho por uno de los choferes. 

El 8 de septiembre de este año, fue reportada la desaparición de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Mara Fernanda Castilla Miranda. La última vez que fue vista fue a bordo de una unidad de Cabify.

Posteriormente, el 15 de septiembre la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que descubrió el cuerpo de la universitaria y señaló como principal sospechoso al conductor de Cabify, quien ahora enfrenta el proceso por feminicidio.

Los participantes de la protesta, quienes evitaron decir su nombre completo para evitar represalias, comentaron que tras el hecho observaron de inmediato una baja en la solicitud del servicio.

Alberto, uno de los conductores, señaló que antes del caso de Castilla Miranda tenía entre 20 y 25 viajes, pero tras el hecho sólo tenía entre uno o dos; además, la gente se subía con temor y le demandaba su identificación oficial. La situación empeoró cuando las autoridades anunciaron la cancelación del permiso de funcionamiento de la empresa en la entidad.

Fue el 18 de septiembre de este año cuando el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, dio el anuncio con el argumento de la existencia de irregularidades en sus protocolos de seguridad. En su momento, Cabify luchó por mantener su lugar en el mercado, al argumentar que fue la administración federal quien otorgó una Carta de Antecedentes No Penales al presunto culpable del homicidio a pesar de estar vinculado con el robo de combustible.

Lo anterior complicó la vida de Hugo, otro conductor, quien adquirió un vehículo de 240 mil pesos, pagó un seguro de 25 mil pesos, sacó un tarjetón de mil 200 pesos y pagó un examen médico de 520 pesos, todo con la finalidad de tener una fuente de empleo seguro, pero todo cambió de un día para otro.

Hugo, sin dar detalles al respecto, indicó que siguen prestando el servicio de taxi a compañías que tienen convenios con Cabify, pero aún así con lo realizado no les alcanza para cubrir sus necesidades.