El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no cuenta con lineamientos de excepción para los procesos que requieren los interesados en una candidatura independiente y ante este panorama, la institución negó los requisitos a una aspirante de origen indígena por no acreditar el domicilio como lo pide la dependencia y por no tener un antecedente de firma electrónica.

Por lo anterior, la aspirante ciudadana para la presidencia de Chichiquila no podrá proceder con el trámite de su registro ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), ya que el 1 de enero dicho organismo le notificará de las observaciones en su documentación y sólo tendrá 24 horas para solventarlas, cuando el periodo se considera inhábil para las dependencias gubernamentales.

En entrevista, Saraí Ramírez Alonso, quien acompañó en su proceso a la afectada, dio a conocer que los trámites gubernamentales impidieron que la aspirante de origen indígena pudiera completar su documentación, en ese sentido se violaron sus derechos político-electorales.

Tras solicitar que se reservara el nombre de la afectada, relató que desde hace más de seis años la interesada en la presidencia trabaja con mujeres del municipio de Chichiquila ayudándoles a desarrollar proyectos productivos, conseguir capacitación y gestionar recursos para la comunidad.

Saraí Ramírez detalló que cuando surgió Sumamos integró una fórmula con su compañera Alma Delia Lerdo por el distrito 18 con cabecera en Cholula, a su vez invitó a la aspirante ciudadana por Chichiquila y le dio acompañamiento jurídico.

La primera traba a la que se enfrentó fue que luego de constituir su asociación civil Puebla Más Allá e intentar incorporarla en el Registro Público de la Propiedad, los funcionarios solicitaron un pago diferenciado para hacer el trámite, situación que implicó pérdida de tiempo tanto para la fórmula de Cholula como la de Chichiquila.

Luego, al acudir al SAT le negaron el RFC de su asociación civil porque "el domicilio estaba mal" en sus documentos oficiales y personal de la dependencia necesitaba hacer una inspección para ver en qué lugar se asentarían las actividades económicas, ya que pretendían inscribirla en un régimen fiscal para cobrarle impuestos.

"Nos vamos al SAT y le dicen que no pueden hacer el trámite porque su firma electrónica está inactiva y no podían activarla porque tiene un domicilio que es calle sin nombre sin número. Pues la señora vive en un cerro en una comunidad indígena donde no hay calles marcadas y su casa no tiene numero porque es la única del cerrito y la mayoría del pueblo no tiene nomenclatura", detalló.