Acepta Carrancá déficit financiero y humano

Acepta presencia de grupos criminales como Los Zetas, Los Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Rojos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla tiene desventajas estructurales, pues a nivel nacional es una con menos agencias y agentes del Ministerio Público, situación que se debe al bajo presupuesto destinado para la impartición de justicia; al mismo tiempo, este organismo ha desahogado la mayoría de los procesos que le corresponden, señaló el titular de la dependencia Víctor Carrancá Bourget.

Apuntó que el Censo Nacional de Procuración de Justicia expone que Puebla cuenta con 512 personas en agencias del Ministerio Público, cuando la media nacional es de mil 247 trabajadores. De la cifra anterior se desprende que los agentes del estado atienden 240.3 asuntos al año, siendo la décima primera entidad con más carga de trabajo por servidor público.

Sin embargo, mencionó que las deficiencias no han sido obstáculo para dar resultados, ya que el mismo censo señala que Puebla es la segunda con mayor cumplimiento en mandamientos judiciales con 5 mil 623; respecto a la conclusión y resolución de indagatorias el estado se ubica en la posición siete con 37 mil 788 averiguaciones previas o carpetas de investigación determinadas, lo cual supera la media nacional.

El fiscal del estado detalló que a excepción del robo de vehículo, que está vinculado a las bandas que se dedican al robo de combustible y otras células del crimen organizado, el resto de los delitos se encuentran por debajo de la media nacional, incluso la entidad reporta una baja en la incidencia delictiva del fuero común con 41.8 por ciento.

 

"La violencia ligada al crimen organizado hizo de 2017 el año más violento en la historia reciente con 25 mil 339 homicidios dolosos y hablar del país indica que todos estamos involucrados, municipios, estados y federación hemos sido testigos del avance de la criminalidad, pero tampoco podemos negar que en Puebla como en otros estados del país, la violencia se ha mantenido estable en los delitos de mayor impacto social", señaló.

 

En respuesta a los cuestionamientos de los diputados Mario Rincón González e Ignacio Mier Bañuelos sobre los delitos del fuero común y la delincuencia organizada, el fiscal explicó que ante el ataque a las bandas que se dedican al robo de combustible, la incidencia delictiva del fuero común se incrementó y también ilícitos precisos como el robo en carreteras y a trenes.

Explicó que el Gobierno del Estado ha combatido a grupos delincuenciales como Los Zetas, desde el inicio de la administración y hace unos meses detuvo a un grupo de los Beltrán Leyva que ya habían cometido cerca de 35 secuestros en la entidad. Víctor Carrancá omitió mencionar a células como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Rojos, a los que se han atribuido varias ejecuciones en la zona de la Mixteca.

El fiscal consideró que es necesaria una Ley General en Materia de Delincuencia Organizada que permita a los estados tener herramientas jurídicas para el combate a los delitos que devengan de dicha actividad, así se podría tener una mayor participación y efectividad en impartición de justicia.

Por otra parte, destacó que durante el 2017, con el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción se abrieron 274 carpetas de investigación de las que en 22 ya se procedió y sólo dos fueron judicializadas. En tanto, se iniciaron seis carpetas de investigación por posibles hechos violatorios de derechos humanos.

 

MECANISMOS DE SOLUCIÓN

 

  • 11 mil 888 expedientes iniciados.
  • 11 mil 500 fueron procedentes.

 

ACUERDOS REPARATORIOS

 

  • 2 mil 641 acuerdos reparatorios.
  • 57.3 por ciento se cumplieron.
  • 37.7 por ciento se encuentran en supervisión para su cumplimiento.
  • 5 por ciento se incurrió en incumplimiento.

 

OPERATIVOS Y AVERIGUACIONES

 

  • 74 mil ordenes de trabajo.
  • 35 mil operativos relacionados con operaciones delictivas.
  • 23 bandas delictivas desintegradas que tenían 159 integrantes, 139 hombres y 20 mujeres.
  • 5 mil averiguaciones previas pendientes del anterior sistema de justicia.

 

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