Incumple Puebla recomendaciones de la Conavim

Sin cumplir al 100 por ciento las 11 recomendaciones para frenar las agresiones contra las mujeres emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) revela un análisis realizado por la mesa de seguimiento de la solicitud de Alerta de Violencia contra las Mujeres en Puebla.

Seis se completaron de forma parcial, dos no se concretaron, una está en proceso; en una se tardaron más de seis meses para llevarla a cabo y en otra, aunque se muestra como terminada, presenta evidencias dudosas.

El estudio fue realizado por el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social AC, Comaletzin AC; El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana; Cadem; Mutradh, Mujeres trabajando por los derechos humanos; el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos; el Instituto de Derechos Humanos "Ignacio Ellacuría" de la Universidad Iberoamericana, así como por las periodistas independientes Ana Karen de la Torre Panduro y Samantha Páez Guzmán.

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Sin cumplir

La primera fue elaborar un diagnóstico sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, para ésta, se destinaron 2 millones 600 mil pesos. El gobierno dijo que lo haría en dos etapas y 16 meses después no existe tal documento.

La segunda fue garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos. De los cinco indicadores, dos se llevaron a cabo y los datos no han sido actualizados desde diciembre de 2016.

Cumplidas de manera parcial

La tercera observación fue implementar una política de comunicación social y campañas permanentes con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interculturalidad. La administración estatal invirtió 354 mil 993 pesos para la creación de un manual de comunicación con perspectiva de género así como tres campañas; se reconoció que los mensajes emitidos no lograron transmitir el mensaje de prevención y detención de violencia.

La cuarta fue la creación de un observatorio de medios. Éste inició siete meses después y se destinó 1 millón 200 mil pesos en capacitar a trabajadores de medios de comunicación, sin resultados.

La sexta fue impulsar modificaciones legislativas urgentes. Uno de los dos temas fue llevado a cabo y el otro se hizo de manera parcial. Hace falta una reforma en el Código Penal para establecer la responsabilidad médica en el caso de violencia obstétrica.

La séptima fue la gestión de convenios de colaboración con instituciones de educación superior; sin embargo, no hay un protocolo de atención y tampoco hay fechas para concretar las metas.

En la octava se menciona que se deben modificar los lineamientos de investigación de feminicidios y elaborar los mismos en materia de trata de personas. Aunque se hicieron los cambios y se crearon lineamientos, está pendiente la capacitación sobre los mismos, además no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.

El noveno fue la asignación presupuestal para la ampliación de infraestructura material y de recursos humanos. La Secretaría de Finanzas y Administración autorizó el 40.1 por ciento de los 38 mil 400 millones de pesos solicitados por las dependencias, además, 8 de cada 10 pesos entregados al Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) se enfocaron a campañas externas.

En proceso

La quinta consistía en realizar un programa de capacitación y profesionalización permanente en materia de derechos humanos y perspectiva de género para el personal vinculado con la atención de este problema. En este caso no hay evidencias de la aplicación del programa; tampoco hay garantía de que el personal fuera el adecuado y no existe una evaluación sobre lo realizado.

No fue cumplida hasta después de medio año

La décima primera era garantizar el conocimiento y el dominio de la forma de llevar a cabo las órdenes de protección por las autoridades responsables de su aplicación; ésta no fue llevada a cabo en seis meses, en el reporte se indica que se capacitaron a 537 personas ero las listas están alteradas; no se evaluaron los resultados de la capacitación.

Presenta irregularidades

La décima fue crear un programa de capacitación continua de la Norma Mexicana 046 para el personal del sector Salud. Ésta se dio como concluida, pero las evidencias son "dudosas e incompletas". Las listas mostradas como evidencias repiten nombres.

Deben de aceptar las solicitudes

La integrante de El Taller, Gabriela Cortés Cabrera, en nombre de la mesa de trabajo, pidió al gobierno que acepte la solicitud de la declaratoria e indicó que se debe instalar un grupo de trabajo el cual se caracterice por evitar la simulación y el solapamiento de las recomendaciones incumplidas.

Aidé Contreras, integrante de Mujeres Trabajando por los Derechos Humanos puntualizó que con esta acción lo que se busca es que el Gobierno Estatal haga públicos los informes de cumplimiento y trasparente el ejercicio de los recursos que se destinaron, así como el Gobierno Federal evalué de forma eficaz el cumplimiento.