Minimiza Carrasco acusaciones contra RMV; “son normales”
Este tipo de declaraciones son comunes de escuchar en procesos electorales, con lo que minimizó los hechos
Para el secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, el señalamiento por supuesto lavado de dinero del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, mediante empresas de Juan Melquiades Vergara, extesorero de Quintana Roo, son "normales" durante campañas y proceso electoral. El exmandatario poblano enfrenta acusaciones que aseguran que su campaña y la del actual gobernador José Antonio Gali Fayad, fueron financiadas de forma ilegal por Melquiades Vergara. Al ser cuestionado sobre el tema, Carrasco Altamirano señaló que este tipo de declaraciones son comunes de escuchar en procesos electorales, con lo que minimizó los hechos y aseveró que existe una legislación sobre lo que pueden hacer o no los servidores públicos. Subrayó que si el dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Gabriel Biestro Medinilla y la aspirante a la candidatura por la capital poblana en el mismo partido, Violeta Lagunes, tienen pruebas, deben presentarlas antes las autoridades correspondientes para aclarar el asunto. "Los procesos electorales están regulados, hay una legislación sobre lo que pueden o no hacer los servidores públicos, y hay instancias para dirimirlas, más que opiniones de carácter personal", dijo tras asistir a la conferencia La Democracia y Gobernanza en México impartida por el investigador en economía y ciencia política, Luis Rubio Freidber. Abordó el caso del municipio de Tlacotepec, cuyo Cabildo y alcalde fueron destituidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por desacato a una orden judicial que lo obligaba a pagar por el uso de un predio en Santa María la Alta. Indicó que José Rafael Pérez, sobrino del alcalde Pablo Pérez Maceda, ocupará el cargo durante los últimos meses de la administración, en tanto, que los suplentes de todos los regidores del Cabildo entraran en posesión de los cargos. Pérez Maceda llegó a su cargo por el partido Pacto Social de Integración en 2014 y en 2015 la SCJN le ordenó un pago de indemnización por 968 mil 298 pesos, por invadir un terreno particular para la construcción de una cancha de fútbol; el pago nunca se concretó. |