Propone Santiago Nieto tipificar violencia política de género

La violencia política de género debería tipificarse como delito, el no haberlo hecho hasta ahora es una deuda, especialmente ante la multiplicación de los casos de agresiones, consideró el extitular de la Fiscalía Especializadas para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.

En entrevista previa a su conferencia sobre la "Corrupción en los proceso electorales" en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Nieto Castillo resaltó que uno de los casos más emblemáticos en Puebla es el caso del presidente municipal de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, quien llevó a cabo acciones de "franca misogínia".

También puedes leer: Obligan a Inés Saturnino a disculparse

En diciembre del año pasado el alcalde de Tecamachalco ofreció una disculpa a las personas quienes se hayan sentido agredidas por su comportamiento, luego de que el Partido Acción Nacional (PAN), en el cual milita, le pidiera disculparse ante las acusaciones de regidoras, quienes acusaron la retención de su salario, malos tratos, incluso violencia física.

"Creo que es importante que esto quede tipificado a nivel de delito electoral (…) en el ámbito administrativo seguimos todavía con un adeudo para convertir esta conducta en un tipo penal que permita combatir de forma más eficaz este tipo de conductas que tanto afectan al sistema democrático del país", subrayó.

Dijo que tanto en Puebla y el resto del país es un tema muy preocupante porque se trata de una multiplicación de casos de violencia física, patrimonial, económica respecto a candidatos de elección popular.

En tanto al manual de violencia de género de Puebla, manifestó que los órganos electorales han hecho un primer paso para combatir esta problemática al tratar de atender los rezagos dejados por el ámbito legislativo; sin embargo, se necesita mandar un mensaje de que la sociedad no permite este tipo de violencia a través de reformas a las leyes.

Explicó que de acuerdo con mediciones de Trasparencia Internacional en materia de corrupción, México cayó del lugar 129 al 135 de un comparativo de180 países, por lo cual bajó a 30 puntos en una escala de 100, las cifras reflejan que está 40 puntos por debajo de Brasil, país que sí ha procesado a funcionarios quienes han sido involucrados en actos de corrupción como el de Odebrecht, empresa que pagó sobornos para obtener contratos de obras del gobierno.

Detalló que la Fepade inició del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2017, alrededor de 8 mil 905 expedientes, de los cuales, mil 23 están relacionados con la corrupción y en el 32 por ciento de los casos el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está relacionado; le sigue el Partido Acción Nacional (PAN) así como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el 13.25 y el 7.55 por ciento, respectivamente.

Nieto Castillo dijo que Puebla es uno de los tres estados que conjunta el mayor porcentaje (22 por ciento) de expedientes por cada una de las fracciones del artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual contempla aspectos como el que se condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Necesario, establecer topes

Es necesario hacer un análisis profundo de los lineamientos para establecer los topes de campaña pues aunque existen normas hay aportaciones por debajo del agua ya sea de personas quienes lo hacen con intenciones buenas, pero también hay otras que las llevan a cabo de manera "perversa", pues el crimen organizado o empresarios buscan ser beneficiados con contratos de obras, consideró Alejandro Poire Romero, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

El también exsecretario de Gobernación, recordó que las limitantes económicas están definidas por ley, pero éstas deberían ser más amplias pues aun así son rebasadas por los contendientes.