Opera Comité Ciudadano Anticorrupción sin recursos  

El Comité Ciudadano Anticorrupción no recibió recursos públicos durante sus primeros tres meses de operación y se estima la necesidad de por lo menos 33 millones de pesos anuales para su funcionamiento, por lo cual esperan sean entregados en breve, informó Francisco Javier Mariscal Magadaleno, integrante del comité.

Los cinco integrantes de la agrupación tomaron protesta el 14 de noviembre de 2017, entre sus objetivos se encuentra hacer exhortos a las área públicas en donde se detecten irregularidades.

En entrevista, el también exvicerrector de Extensión y Desarrollo Institucional de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), precisó que no les han pagado su salario porque "el presupuesto apenas está siendo liberado, eso corre un largo proceso de autorización, pero algún día de estos cobraremos, lo que estamos cobrando todos los días es mucha energía y mucho reconocimiento de la sociedad pese a que no hemos dado resultados, pero creen que los vamos a dar", dijo.

Aunque el funcionario señala que con 33 millones de peso anuales podría funcionar, en la Ley de Egresos 2018 se contempló un monto de 57 millones de pesos para que operen las instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción como el Comité de Participación Ciudadana y el Tribunal de Justicia Administrativa.

Mariscal Magadaleno puntualizó que podrían utilizar menos de 33 millones de pesos si el Gobierno Estatal les ofrece un inmueble así como el mobiliario para el trabajo de alrededor de 50 personas, algunas de ellas serían parte de la Secretaría Ejecutiva, quienes no han podido ser contratadas por falta de recursos económicos.

El servidor público, quien evitó quejarse de la falta de sus pagos al argumentar que hace su labor por convicción, señaló que primero les ofrecieron un espacio en el Centro Histórico, pero éste requería reparaciones estructurales, después les prometieron otro pero continúan analizando la propuesta, también ubicada en esta parte de la ciudad.

Indicó que sería en aproximadamente seis meses cuando se realicen las primeras recomendaciones o exhortos a quienes fallen, entre los que se podrían encontrar la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado.