Van 389 mujeres asesinadas, pero sólo 94 feminicidios

Durante el periodo de enero de 2014 a junio de 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró 389 asesinatos de mujeres, de los cuales 295 fueron clasificados como homicidios dolosos y 94 feminicidios, esto según datos proporcionados al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

De acuerdo con el estudio "Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017", llevado a cabo por el observatorio, la tipificación del feminicidio en el estado de Puebla se realizó el 31 de diciembre de 2012 en el artículo 312 Bis de su Código Penal con una sanción de 30 a 50 años de prisión y al cual se le han hecho modificaciones.

La última reforma en cuanto a sanción fue el 22 de octubre de 2015 adicionando el artículo 338 Quáter, de este modo la pena de prisión aumenta de 50 a 70 años, si la víctima está embarazada.

Pese a las modificaciones penales y acreditación de razones de género, en el estado de Puebla se evidencia que los asesinatos de mujeres no están siendo acreditados, debido a la información que no coincide entre las diversas organizaciones a las que se les fue entregada.

Por lo anterior, señalan que identificaron inconsistencias en los datos correspondientes al año 2016 en que la FGE informó al Grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) de 9 homicidios y 21 feminicidios, mientras que al OCNF le notificó 83 homicidios dolosos y 27 feminicidios.

En tanto, en el año 2017 las autoridades le notificaron al observatorio 29 feminicidios en seis meses, en cambio, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) le informaron de 27 en un año, por lo que la organización no descarta que dichos delitos no se estén investigando como tal.

Es importante mencionar que de acuerdo con lo mencionado en el estudio, Puebla es una de las 13 entidades que no cuentan con un tipo de penal adecuado, ya que en su protocolo de investigación no especifica de manera clara la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones para considerarlo como feminicidio.