Ante la falta de legislación que defienda la violencia política contra las mujeres en Puebla, los ocho casos registrados previo al arranque de las campañas estatales, no podrán ser perseguidos como delitos, informó Claudia Ramos Flores, directora de la organización civil Observatorio 33.

La titular de la iniciativa ciudadana detalló que, mediante el monitoreo de redes sociales y publicaciones periodísticas, detectaron que existieron ocho casos de violencia política contra candidatas de Puebla, de las cuales, en cinco se presentaron amenazas.

"Ese es el problema, al no tener ley, al no estar tipificada la violencia de género, tenemos un gran hueco o una laguna legal, para poder sancionar el tema de violencia política de género. Nosotros, lo que buscamos, como Observatorio 33, es marcar ese antecedente y poder empujar la legislación", mencionó.

Advirtió que el mayor problema que enfrentarán las candidatas de cualquier cargo en la entidad, será que, al no contar con ningún tipo de legislación que contenga el concepto o sanciones por ejercer actos de violencia política, no podrán ser perseguidos los agresores que promuevan los abusos.

El vicedirector del colectivo, Ricardo Jiménez Hernández, precisó que las principales ofensas que recibieron las candidatas, mediante mensajes o publicaciones en redes sociales, se caracterizaron por decir "es mujer", "porque es joven", "es puta", "la sombra de alguien" y "si está buena, sí voto por ella".

"De los 11 aspirantes a una alcaldía que han sido intimidados, ocho son mujeres, la paridad de género, para que las mujeres tengan acceso a un cargo de elección popular en Puebla, ha dejado en descubierto la misoginia y el machismo que se vive en la entidad", explicó.

Recordó que algunos casos de violencia política a candidatas poblanas se dieron contra Martha Erika Alonso Hidalgo, Karina Romero Alcalá, Nayeli Salvatori Bojalil y Claudia Rivera Vivanco, al ser cuestionadas por su orientación sexual, profesiones que desempeñaron, sus familiares o por quién sea su conyugue.