“Te voy a refundir en la cárcel, tengo el poder”

"Te voy a refundir en la cárcel, tengo el poder", soltó la agente del Ministerio Público, Elvi Magali Guridi Jaimes, al hijo de Francisco Islas Pablo, de 62 años de edad y de oficio taxista, quien estuvo a punto de pisar la cárcel al ser señalado como líder de una banda de asaltantes y ser boletinado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal como autor del delito de robo, junto con dos jóvenes, a quienes había visto por primera vez el 7 de junio cuando fue detenido.

Al menos seis medios de comunicación, entre ellos la edición impresa de El Popular, diario imparcial de Puebla en la capital difundieron su fotografía junto con el titular: "Desarticulan banda dedicada a robar tiendas de conveniencia en Puebla", como venía en el comunicado de la dependencia municipal que lo mostró como uno de sus logros frente a la delincuencia. Una semana después, Francisco Islas sería liberado al comprobarse que nunca participó en los hechos por el que fue acusado.

El señor Francisco enfrenta hoy el daño a su honor, y aunque sabe que la autoridad no volverá a emitir un boletín rectificando su error, por lo que ha ido de redacción en redacción narrando qué pasó, con el fin de recuperar la confianza de sus clientes y vecinos, y regresar con ello al oficio que durante 19 años ejerce: ser taxista. Su auto sigue detenido por la misma agente del Ministerio Público que le aseguró que lo refundiría en la cárcel.

Su historia

Eran las 16:30 horas del pasado 7 de junio cuando el señor Francisco, después de terminar de comer, regresaría a su jornada laboral conduciendo su taxi, un Pointer 2009, sobre la avenida 15 de Mayo, y la segunda privada de Benito Juárez, en la colonia San Rafael Poniente de la ciudad de Puebla, cuando dos jóvenes le pidieron el servicio para la zona de la central camionera Capu.

En el cruce del bulevar Norte y la avenida Héroe de Nacozari, escuchó la sirena de la patrulla PM110 y él redujo la velocidad para dejarla pasar; su sorpresa fue que la unidad policial se detuvo delante de él y sus pasajeros salieron corriendo del taxi con direcciones contrarias, dejando las bolsas que contenían lo robado en una tienda de conveniencia ubicada cerca de la zona donde le pidieron el servicio.

Se quedó estático, "sabía que tenía que quedarme ahí, nunca pensé en escapar, no había hecho nada", pensó cuando vio a los policías correr por los delincuentes de quienes posteriormente sabría sus nombres: Miguel Ángel N y Aarón N, de 24 y 33 años de edad, respectivamente, ambos detenidos, uno de ellos incluso fue entregado por comerciantes del mercado Miguel Hidalgo, visiblemente golpeado, hecho que no se asentaría en el reporte policial que, por el contrario, diría que la detención la hicieron los policías.

Los policías le indicaron al señor Francisco que sabían que él no tenía nada que ver con los delincuentes, pero que por "protocolo" tenía que acompañarlos a Rancho Colorado, donde se encuentran las oficinas de Seguridad municipal. Nunca lo esposaron y en todo momento, asegura, fueron amables con él, no como en el caso de los dos jóvenes detenidos, con quien estuvo acompañado y pudo ver cómo recibían patadas y golpes de los policías.

Le indicaron que iba en calidad de testigo, no de detenido, y aunque preguntó por qué de las fotografías, le insistieron "es requisito", "usted tranquilo, sabemos que no tiene nada que ver"; pero ese mismo día fue emitido el boletín y una fotografía donde aparecía él junto con los otros dos jóvenes, y en una mesa, la mercancía robada: 50 cajetillas de cigarros, dos botellas de licor y diversos productos comestibles.

El comunicado indicó que "con base en las primeras investigaciones sobre las personas, se estableció que han cometido al menos siete atracos más en agravio de tiendas de conveniencia, ubicadas en la ciudad de Puebla. Asimismo, se determinó que operaban en zonas como Diagonal Defensores de la República, Plaza San Pedro, San Alejandro y Mercado Hidalgo, por citar algunos".

La realidad es que en esas "primeras investigaciones" no había prueba alguna de que el señor Francisco hubiera cometido un delito antes, aun así fue fotografiado y boletinado. A sus 62 años de edad, estaba a un paso de la cárcel.

Recuerda que en los separos tanto Miguel Ángel como Aarón, repetían constantemente a toda persona que se les acercaba: "el Don no tiene nada que ver, nosotros pedimos el servicio de taxi", pero fue liberado hasta que el domingo 10 de junio la jueza Rosalva Elena Zárate Herrera, declaró su libertad.

Burocracia alenta proceso

Para lograr su libertad, el señor Francisco contrató al abogado César Espina Huerta, cuyos honorarios siguen siendo cubiertos por los hijos del taxista, uno de quien al momento de la detención de su padre recibió comentarios agresivos de la agente del Ministerio Público, Magali Guridi, quien le aseguró que su padre se refundiría en la cárcel y que su abogado era una persona inepta que no lograría nada; por el temor que sintió el hijo de Don Francisco estuvo a punto de despedir al abogado pensando que no lograría nada.

Esa misma agente del Ministerio Público es quien ha detenido la liberación de seis oficios necesarios para que proceda la entrega del vehículo con placas 6480SSJ al señor Francisco; desde hace 12 días su auto está parado en el corralón y por cada día que pase ahí la deuda aumenta, porque además debe cubrir el pago por el arrastre de la unidad por una grúa, según consta en el reporte policial, cuando en realidad el señor Francisco condujo el auto hasta Rancho Colorado.

Oficios de orientación, investigación para saber si el auto está o no involucrado en algún delito anterior, perito en mecánica… son algunos documentos que darían al taxista la entrega de su unidad, pero siguen sin ser liberados, relata a este medio el abogado César Espina, quien al mismo tiempo señala "¿no se supone que el Nuevo Sistema de Justicia eliminaría toda la burocracia? Seguimos igual".

Agresión de la MP

Elvi Magali Guridi Jaimes es conocida por negar la presencia de medios de comunicación en juicios orales, como el caso del proceso que por feminicidio se siguió a Bertha N, asesinada en febrero de este año en el Infonavit El Conde por su pareja sentimental, hecho que conmocionó a los poblanos. A petición de la agente, se autorizó la puerta cerrada a medios cuando en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que rige las audiencias orales, no existe el término "puerta cerrada" en audiencias.

En noviembre de 2014, su nombre cobró notoriedad en medio de un caso de violación por parte de un político en San Martín Texmelucan, luego de que la madre de la víctima declaró que acudió ante Magali Guridi Jaimes, entonces adscrita al primer turno de la Agencia del Ministerio Público de San Martín Texmelucan, pero la servidora pública se negó a recibir formalmente su denuncia, argumentando que "estaba ocupada".

"Ante la indiferencia de la servidora pública, me retiré del lugar para proceder en forma directa y urgente al rescate de mi hija; auxiliándome de otra persona, acudí al domicilio en el cual se encontraba privada de su libertad, logrando dar con su paradero", relató a Proceso en aquella fecha la madre de la víctima.

"Exijo disculpas de la autoridad"

Al señor Francisco le urge la entrega de su auto, ya que no ha podido trabajar y aún mantiene a su esposa y a su madre; lo apoyan sus hijos, quienes le han dado un poco de dinero para subsistir mientras no recibe su unidad.

Al menos mil 250 pesos requiere pagar en medicinas cada semana por su madre de 85 años de edad enferma, en tanto, se ha apoyado del dinero que recibe a través del programa 60 y Más.

Para el señor Francisco, el 7 junio vivió un hecho que lo sigue afectando no sólo económicamente, sino también moralmente. Su abogado, César Espina, exige a la Secretaría de Seguridad Pública municipal una disculpa pública por la falta de investigación de sus elementos policiales y la falta de criterio para señalar por un delito a una persona inocente, a pesar de que el señor Francisco fue quien dijo a los policías que en donde recogió a los jóvenes había cámaras de seguridad, que podían pedir los videos. La respuesta fue: "pedir eso tarda mucho".

De manera diaria, la Secretaría de Seguridad Pública municipal emite boletines sobre detenciones de presuntos delincuentes, a quienes cubre los ojos y no informa de sus apellidos, como debe ser, pero sí los señala como responsables del delito.