Más de 50.9 millones de pesos invertidos en los mismos municipios en los que el Congreso del Estado sancionó a exediles por causar daño patrimonial al erario, siguieron bajo observaciones o sin información sobre el uso de recursos públicos que la Federación les transfirió, así lo revelan datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante la sesión del pasado 30 de julio, el Congreso del Estado aprobó cuentas públicas de distintos presidentes municipales, en la que también detectaron prejuicios económicos dejados por 29 exediles, dándoles multas económicas por no justificar el uso de recursos públicos.

El Popular, diario imparcial de Puebla, publicó en su edición del pasado 6 de agosto que 65 por ciento de los expresidentes municipales sancionados por la posible malversación de recursos públicos llegaron a ocupar su cargo, a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o alianzas que encabezaron.

Al cierre del primer trimestre de este año, la situación del uso de recursos públicos en los municipios en los que se sancionaron a sus exediles no mostró grandes cambios, al tener, durante 2016 y 2018, más de 50.9 millones de pesos en aportaciones federales que cuentan con observaciones o no han sido justificadas.

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Los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelaron que el Ayuntamiento de Olintla contó con el proyecto más costoso bajo observaciones de la dependencia, al no ser validada su información o no responder a requerimientos.

Olintla contó con más de 5.5 millones de pesos este año para la realización de ampliaciones de recámaras adicionales en viviendas participantes en el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, utilizado para mejorar las condiciones de vida de la población que no puede financiarlo.

Entre las observaciones que emitió la SHCP en el proyecto de vivienda de Olintla, radicaron en que no validaron la información o el municipio se negó a aclarar las inconsistencias que se tuvieron en las 268 acciones que impulsaron del programa que se encontraron terminadas al 100 por ciento.

Salvador Sánchez Vega, expresidente municipal de Olintla, recibió dos sanciones económicas, por daños patrimoniales en los ejercicios tanto de 2007 como de 2008 al sumar 46.1 millones de pesos, sumado a una inhabilitación de 12 años a ocupar cualquier otro cargo público.

Otro de los proyectos más costosos con observaciones se encontró en Acatzingo, donde el Ayuntamiento contó este año con más de 4.7 millones de pesos que se usarían para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Acupan, ubicada en la localidad de Atempan, pero la dependencia federal no aprobó la información.

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La lista de observaciones de la SHCP detalló que el motivo por el que no validaron la información de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Acupan en Acatzingo se debió a que les enviaron aclaraciones que no fueron respondidas por el Ayuntamiento o no certificó su validez.

Dentro de la resolución que dio el Congreso local a la cuenta pública del expresidente de Acatzingo, Eliseo Braulio Zayas Jaén, se encontró que, a causa del daño patrimonial que causó con recursos públicos, ameritó que le impusieran una multa por más de 14.4 millones de pesos y lo inhabilitaron por 12 años.

El Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma tuvo en 2017 más de 1.7 millones de pesos, con los que se haría el adoquinamiento de las calles Juan Escutia, junto con las avenidas Adolfo López Mateos y Carmen Serdán en el poblado de El Veladero, pero el municipio no informó su uso.

Al interior del listado transparentado en sus informes, la SHCP aseguró que el Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma o el gobierno de Puebla "no reportó información sobre el avance financiero y físico", desconociéndose el estado en el que se encuentra la pavimentación con concreto hidráulico.

José Raúl Zarate Mata, expresidente municipal de Chalchicomula de Sesma, recibió dos sanciones económicas por más de 107.6 millones de pesos, junto con una inhabilitación por 12 años a ocupar un cargo público, al incurrir en daño patrimonial en los ejercicios de recursos de 2011.