La presidenta del DIF municipal de Venustiano Carranza, Ilse Lucía , detenida el martes mediante un operativo de autoridades federales, fue puesta en libertad por un juez federal que determinó un pago de 20 mil pesos como garantía para poder seguir su proceso en libertad y que acuda cada 15 días a firmar a los juzgados.

El mismo beneficio obtuvo Griselda, la esposa de Omar Daniel, El Kakas, el cual fue señalado por autoridades federales como el principal operador de robo de combustible en aquella región.

A Ilse Lucía se le imputan los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada de México, según se dio a conocer ayer jueves, tras la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal.

La detención se calificó de legal, con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal. El 7 de agosto, tras una orden de cateo -la 94/2018- se cumplió en el domicilio de calle Ortiga sin número, en Villa Lázaro Cárdenas, donde se logró su aseguramiento.

Personal de la Policía Federal y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), embaló en el inmueble un par de armas de fuego calibre .45 automática y .38 súper, así como cartuchos útiles .270; 32 cartuchos con bala perforante calibre 7.62 para cuerno de chivo o AK-47, así como cartuchos calibre .40, .9 milímetros, .45 auto, y también .223 para fusil AR-15.

En el cateo se detuvo a otra mujer de nombre Mónica, quien se desempeña como trabajadora doméstica. Ninguna pisó la cárcel, pues el delito que se les imputó no está tipificado como grave y tras exhibir los 20 mil pesos que les impuso el juez como garantía, se determinó que continuaran su proceso en libertad.

Trascendió que personal de la Procuraduría General de la República (PGR) adscrito al Ministerio Público, solicitó en principio que la garantía fuera de 50 mil pesos para Ilse Lucía, y de 10 mil pesos para su supuesta empleada; también que las dos acudieran de manera periódica a la Unidad de Medidas Cautelares y se les prohibiera salir de la entidad.

Pero el juez consideró que se trataba de una garantía excesiva, considerando los ingresos de ambas personas, que no superaban los 15 mil pesos mensuales, juntos, por lo que se les impuso el pago de 20 mil pesos a la presidenta del DIF municipal y 5 mil para la otra detenida.

Las otras dos medidas sí fueron concedidas por el juez en tanto que, se informó que la situación de otro sujeto detenido durante otro cateo en la misma entidad, aún no se define, aunque trascendió que se trataría de uno de los principales líderes de bandas dedicadas al robo de combustible en la Sierra Norte.