Impunidad, falta de protocolos y recursos frenan Alerta de Género

Alto grado de impunidad, falta de recursos para atender a víctimas en albergues, inexistencia de protocolos para investigar la trata de personas, así como de las órdenes de protección, son parte de los problemas detectados en el informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

El documento antes referido da cuenta de las 15 recomendaciones hechas al gobierno de Puebla por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), tiene como fecha el 26 de junio de 2018.

Las complicaciones fueron reconocidas luego de que el 20 de octubre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres, una solicitud de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVGM) para la entidad.

De acuerdo con agrupaciones como el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) tan sólo en 2017 ocurrieron 101 asesinatos de féminas en el territorio poblano.

Ante el panorama de violencia, la Conavim publicó el escrito antes referido en donde se detalla que hay un alto grado de impunidad. De enero de 2015 a octubre de 2017 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) generó 28 sentencias condenatorias por homicidio doloso en contra de mujeres y seis por feminicidio.

Además, familiares de las víctimas acusaron carencias y complicaciones para poder proteger a las niñas que han sufrido violencia sexual. Los albergues del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) no cuentan con los recursos humanos y materiales, suficientes y adecuados para atender a las personas.

Para evitar las situaciones antes referidas, el grupo exhortó a las autoridades dar capacitación al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el uso del Protocolo para la Investigación del Delito de Violación y para la Atención de Mujeres Víctimas del Delito así como el Protocolo para la Investigación del Feminicidio por parte; diseñar una estrategia para garantizar la atención y protección de las y los hijos de mujeres víctimas de este delito; y crear un observatorio ciudadano, el cual deberá recibir recursos del gobierno para su operación.

Otra de las conclusiones a las cuales llegó el grupo de trabajo es que el estado cuenta con una Unidad de Investigación Especializada en Trata de Personas; sin embargo, no tiene protocolos para ese tipo de hechos y no hay mecanismos para indagar la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas, fenómeno ligado a la explotación sexual.

Se indica que no existe un programa estatal contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual; la comisión intersecretarial contra la trata no ha sesionado en los dos últimos dos años y no hay un refugio especializado para mujeres víctimas.

Por lo anterior se propuso acciones como establecer una estrategia para combatir la trata de personas, incluyendo las colindancias con Tlaxcala y Veracruz. Deberán participar los tres niveles de gobierno a través de una mesa de seguridad creada para tal efecto.

También se pidió realizar un diagnóstico sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, uno más sobre los demandantes de prostitución y servicios sexuales así como elaborar una cartilla sobre trata de personas para distribución masiva con un lenguaje comprensible.

El grupo de trabajo detectó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha emitido, de enero de 2015 a octubre de 2017, 36 órdenes de protección, a pesar de las 21 mil 193 averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos contra mujeres y niñas en ese mismo periodo.

Observaron que las autoridades encargadas de emitir las órdenes de protección desconocen la existencia del Protocolo de Órdenes de Protección y el procedimiento para su emisión. Tampoco se cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para su implementación así como seguimiento.

Ante esta problemática, el grupo sugirió revisar los procedimientos de gestión de las solicitudes, otorgamiento, seguimiento, fenecimiento y en su caso ampliación de las órdenes de protección en todas las instancias involucradas; implementar acciones para la aplicación del protocolo de las mismas, así como crear de manera urgente un mecanismo efectivo de implementación y seguimiento de este tema.