Acusan familiares de policías detenidos falta de apoyo

Familiares de los 23 policías de Tehuacán que enfrentan un procedimiento legal por usurpación de funciones, tras de que el estado tomara la Seguridad Pública de esta ciudad, señalaron la falta de apoyo por parte de las autoridades municipales.

En el caso de los 21 elementos que fueron trasladados al penal de Tepexi de Rodríguez, entre ellos tres mujeres, los familiares detallaron que aún cuando la Comuna asignó cuatro abogados para apoyarlos, los litigantes les pidieron de 10 a 20 mil pesos para cuestiones de viáticos.

Refirieron no contar con recursos para pagar dicha cantidad, pues han gastado en trasladarse a la FGE en la ciudad de Puebla para conocer la situación jurídica de sus familiares y ahora se han ido a Tepexi.

Familiares de los policías Laurentino N y Alejandro N, detenidos el fin de semana, manifestaron que las autoridades municipales no se han acercado, por lo que tuvieron que contratar a un abogado particular; sin embargo, esperan que el Ayuntamiento los apoye con los gastos económicos.

Mencionaron que estos dos elementos se encontraban en periodo vacacional por lo que se presentaron de forma voluntaria al Centro de Evaluación de Control y Confianza, tras conocer sobre la situación por la que pasaba la corporación.

Ahí les informaron que no estaban debidamente acreditados en el SNSP y fueron detenidos para posteriormente ponerlos a disposición de la autoridad competente.

Los familiares de los 23 policías puntualizaron que trabajaban por necesidad y no tenían conocimiento que estaban laborando fuera de la ley. Agregaron que la responsabilidad es de los mandos y sobre todo del director de Seguridad Pública, Marco Antonio López Alfaro, que nunca les informó el estatus de la corporación.

Irregularidad en Seguridad Pública

Por otra parte, elementos de la Policía Municipal, que pidieron el anonimato, denunciaron que al interior de la corporación se registraban varias irregularidades por parte de los mandos, quienes los abandonaron pues ya sabían de la intervención del estado, ya que 3 días antes dejaron de asistir al pase de lista.

Mencionaron que nunca fueron notificados de su estado ilegal al interior de la corporación, desconocían los resultados del examen de control de confianza y lo único que sabían es que tenían vencida la Licencia Colectiva de Portación de Armas, pero que existía una prórroga para tenerla, ya que todo este trámite estaba a cargo del elemento administrativo en Seguridad Pública, Gustavo Rubio.

Expresaron que dentro de las irregularidades al interior de Seguridad Pública, había una lista de supuestos elementos en nómina, pero que nunca los vieron patrullando; asimismo, la asignación de grados era para amigos e incluso parejas sentimentales.

Acusaron que los mandos policíacos también usaban a elementos para su seguridad personal, la de su familia y como guardias privados en sus establecimientos comerciales; incluso fueron utilizados como albañiles para trabajos personales de la vivienda de los directivos policiacos.

Otra inconsistencia que señalaron fue una unidad para trabajos de seguridad que se pintó de blanco y se asignó para uso de la esposa del director de Seguridad.