Luego de la expropiación "express" de más de 52 mil metros cuadrados de la lateral de la Vía Atlixcayotl por parte del gobierno de San Andrés Cholula, la diputada Tonantzin Fernández exigió al gobernador Antonio Gali publicar la reforma a la Ley de Expropiación que el Congreso aprobó la semana pasada.

Y es que como informó El Popular, diario imparcial de Puebla, el gobierno que encabeza Leoncio Paisano expropió de forma arbitraria el martes por la noche los terrenos que se ubican en las juntas auxiliares de San Bernardino Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec, en perjuicio de 47 propietarios.

La legisladora de Morena hizo uso de la tribuna para exigir al titular del poder ejecutivo del estado la publicación del decreto que deroga el artículo 5Bis de la Ley de Expropiación del Estado, que el Congreso llevó a cabo el pasado primero de octubre.

"Quiero comentarles que el día de ayer (martes) en la noche llegaron funcionarios del Ayuntamiento de San Andrés Cholula a expropiar terrenos de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec de una forma muy arbitraria. Esto es muy preocupante porque los ciudadanos se encuentran en un estado de indefensión", dijo.

De acuerdo con el decreto expedido por Leoncio Paisano, la expropiación de dichos terrenos se hizo "por causa de utilidad pública" y con el objetivo de construir la segunda etapa de la Vía Atlixcayotl. 

Tal expropiación se hizo sin la publicación de tres edictos en periódicos de circulación local -lo cual exige la ley-y sin haber dado a los perjudicados el derecho de audiencia.

Analiza nuevo gobierno seguimiento de obra

Tras la expropiación de terrenos de las juntas auxiliares de San Bernardino Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec en San Andrés Cholula, la presidenta municipal electa, Karina Pérez Popoca, analizará sí se dará seguimiento al proyecto en las inmediaciones de la Vía Atlixcayotl.

La edil electa afirmó que la decisión del proyecto cercano a Lomas de Angelópolis dependerá de qué tan beneficioso sea para los pobladores del municipio y de que no existan irregularidades para su realización dejadas por el gobierno de Leoncio Paisano Arias.

"Lo tengo que conocer a fondo (el proyecto), en este momento no puedo dar una opinión, nada más al aire, porque necesito conocer esto que estoy diciendo, la viabilidad jurídica, económica, técnica y social", explicó.

Reconoció que, de mantenerse la obra en su gestión, les pagarán un precio justo a los 47 propietarios a los que se les expropiaron sus propiedades, además de que evitarán que los procedimientos del proyecto incurran en anomalías.