Inhabilitan a 6 empresas tras daños por sismo

En tres telesecundarias y tres preescolares se registró mala ejecución de obras tras los daños del pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, lo que dio como resultado que seis empresas fueran sancionadas con una inhabilitación de tres a cinco años, informó el titular de la Secretaría de la Contraloría, Rodolfo Sánchez Corro.

En conferencia de prensa, el funcionario público no quiso decir el nombre de las empresas sancionadas; no obstante, detalló que las escuelas que fueron afectadas son la Telesecundaria "Mariano Escobedo", en el municipio de Chila de la Sal; la telesecundaria "Pablo Casados" y la telesecundaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta", ambas en Juan N Méndez.

Los preescolares que registraron daños generales están ubicados en Chietla y fueron el Preescolar Xóchitl, "Juan Enrique Pestalozzi" y "José María Martínez Rodríguez".

Refirió que una vez que se hace la verificación de las obras y si se llega a detectar que existe mala calidad de los materiales o mala ejecución en programas, de inmediato se levantan reportes fotográficos; la cédula de verificación es firmada por el auditor que participa y una vez que ya esté ese documento se hace la notificación de manera formal a la dependencia responsable de la obra.

Posteriormente se les notifica para que, en su caso, reparen, hagan la sustitución del material o la atención de los desperfectos; se les da un plazo determinado. El auditor acude nuevamente para verificar y si cumplieron se vuelve a levantar una cédula, además se constata que se hicieron las reparaciones correspondientes, pero si hay una negativa se inicia un procedimiento de impedimento.

Sánchez Corro aprovechó para mencionar que otras 29 empresas están suspendidas temporalmente, hasta que resuelvan todas las observaciones que se encontraron.

En otro tema, el secretario compartió que lo que va del año la ASF ha sancionado a 59 servidores públicos por el uso indebido de su cargo; no obstante, algunos se encuentran en proceso de volver a dicha posición, pero la mayoría han sido amonestados.

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El titular también confirmó que 16 de los burócratas se encuentran en recurso de revocación, no quiso detallar nombres; lo anterior se logró gracias al operativo "ciudadano encubierto", donde cuatro funcionarios fueron vinculados a proceso al extorsionar a ciudadanos.

Además anunció que para el próximo año los médicos, policías, enfermeras, personal administrativo y sindicalizados del gobierno de Puebla, estarán obligados a presentar su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal. Hoy en día están registrados 10 mil 500 trabajadores en el gobierno, pero para 2019 serán aproximadamente 85 mil los que deben presentar su declaración.

Para finalizar, indicó que Puebla ha mantenido el primer lugar en la Plataforma CompraNet durante 32 meses, con una efectividad de 99 por ciento en el uso y operación del sistema; además de que se ha avanzado en la implementación de la nueva plataforma de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (Besop) en la que se incluyen mejoras para dar un oportuno seguimiento y transparencia en la aplicación de los recursos públicos.